ADOCCO cuestiona legalidad de decreto que declara emergencia en el sector eléctrico

La organización anticorrupción sostiene que el Decreto 517-25 viola los criterios establecidos en la Constitución y la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones

SANTO DOMINGO. – La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) criticó este miércoles la legalidad del Decreto No. 517-25, mediante el cual el Poder Ejecutivo declaró en “emergencia nacional” las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras destinadas a incrementar la capacidad de generación eléctrica, suplir la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y fortalecer la infraestructura del sector.

La entidad argumenta que, según la Constitución y la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, una declaratoria de emergencia solo procede en casos de calamidad pública, fenómenos naturales o situaciones que afecten de manera grave el orden económico, social o medioambiental.

Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, explicó que el Manual General de Procedimientos de Contratación por Excepción aclara que esta modalidad debe aplicarse únicamente a acontecimientos ciertos, evidentes y concretos que representen un riesgo inmediato para el Estado y el interés general.

Las contrataciones por emergencia no aplican para necesidades prolongadas ni para proyectos de ejecución diferida. Deben limitarse a lo estrictamente urgente, a fin de evitar un colapso inmediato, pero no a rehabilitar infraestructuras o ejecutar planes de expansión”, señaló De la Rosa Tiburcio.

La organización sostiene que los problemas del sector eléctrico dominicano obedecen a la falta de planificación y a retrasos en la ejecución de proyectos, no a un evento imprevisto. En ese sentido, criticó que el decreto vincule la medida a los efectos de la pandemia de COVID-19 y al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

ADOCCO advierte que la decisión podría vulnerar la Ley 340-06 y su reglamento, debilitando la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Según la entidad, las empresas distribuidoras y las instituciones energéticas han tenido tiempo suficiente para enfrentar el déficit energético con los mecanismos legales ordinarios.

La institución exhortó a que se respete el marco normativo y se fortalezcan los procesos de planificación y rendición de cuentas, en lugar de recurrir a figuras jurídicas excepcionales que, a su juicio, no aplican en este caso.

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Periodista en formación, Productor Audiovisual, Fotografo Profesional, Director de ElViaducto.NET y las Emisora ElViaductoFM y RadioJesucristo.com, Productor del Programa A Nivel Radio y Conductor.

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