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Asegura que el informe de la Unidad Antifraude nunca le fue notificado y sirvió como base para la acusación
Santo Domingo. – En una nueva audiencia del caso Calamar, el exministro de Hacienda Donald Guerrero aseguró que el informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, utilizado por el Ministerio Público como fundamento de la acusación, nunca le fue notificado, lo que, según dijo, vulnera su derecho de defensa y el debido proceso legal.
Durante su intervención en la audiencia de este viernes, Guerrero afirmó que dicho documento “jamás fue puesto en su conocimiento”, a pesar de haber sido usado como base de diligencias judiciales por más de cuatro años, lo cual calificó como “una acción de extrema gravedad institucional”.
“Dejo constancia de que dicho informe jamás me fue notificado y, en consecuencia, se me negó la oportunidad de ejercer mi derecho de defensa, en abierta vulneración de lo dispuesto en la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública”, expresó el exministro.
El acusado añadió que la información filtrada a la prensa confirma que ese documento habría sustentado autorizaciones judiciales, allanamientos y medidas de coerción, sin que él ni su defensa pudieran revisarlo o refutarlo formalmente.
“Hoy solo quiero dejar claro en acta que ese informe, utilizado durante más de cuatro años a mis espaldas, jamás me fue notificado”, recalcó Guerrero.
Asimismo, sostuvo que, cuando llegue el momento procesal oportuno, demostrará de manera irrefutable la transparencia con que ejerció sus funciones públicas, al tiempo que reiteró su confianza en el proceso judicial y en su inocencia.
Contexto del caso Calamar
El caso Calamar es una de las investigaciones más amplias de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). El expediente señala a Donald Guerrero como principal imputado dentro de una presunta red de corrupción administrativa que habría operado desde el Ministerio de Hacienda durante el gobierno anterior.
Según el Ministerio Público, la estructura habría sustraído más de RD$19,653 millones de fondos públicos, de los cuales unos RD$17,300 millones se habrían obtenido mediante acuerdos transaccionales irregulares por supuestas expropiaciones de terrenos en áreas protegidas.
La investigación también describe maniobras fraudulentas, como la simulación de operaciones de compra y venta de terrenos mediante deudas administrativas y cesiones de crédito, con la participación de sociedades de fachada creadas para cobrar al Estado indemnizaciones ficticias.
Estos pagos, que en algunos casos correspondían a expropiaciones de hace más de medio siglo, habrían sido calculados a precios actuales, generando un perjuicio millonario al erario público.
El Ministerio Público sostiene que Guerrero y otros exfuncionarios usaron su influencia para dirigir y autorizar dichos pagos a personas vinculadas política y personalmente a la pasada gestión gubernamental.
Periodista en formación, Productor Audiovisual, Fotografo Profesional, Director de ElViaducto.NET y las Emisora ElViaductoFM y RadioJesucristo.com, Productor del Programa A Nivel Radio y Conductor.
