Peligra modificación al Código Procesal Penal por falta de tiempo en la Cámara de Diputados

El Congreso enfrenta plazo constitucional y dudas sobre consenso legislativo por la complejidad de la reforma

La modificación al Código Procesal Penal podría quedar pendiente ante el poco tiempo con que cuenta la Cámara de Diputados, que recibió la iniciativa a finales de octubre desde el Senado.
El presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, explicó que, a pesar de tener «una buena relación con el honorable Senado», los diputados no han tenido tiempo suficiente para estudiar el proyecto, considerado sumamente delicado y fundamental para los derechos de los ciudadanos.

“Indudablemente que en la Cámara tenemos apuro con ese tema. Hemos establecido contacto con los demás poderes del Estado y con los actores del sistema judicial en busca de consenso para resolver el Código Procesal Penal en el tiempo indicado”, afirmó Pacheco.

Pacheco dejó abierta la posibilidad de aprobación rápida y evaluación posterior del Código, ya que la objeción del Tribunal Constitucional fue principalmente al procedimiento de aprobación.
Actualmente, una comisión analiza la fecha en que el Congreso fue notificado oficialmente por el TC, lo que podría extender el margen de trabajo para completar la reforma.

Reforma en riesgo y opciones legislativas

El presidente de la Cámara de Diputados insistió que el proyecto no ha avanzado por falta de tiempo y complejidad, no por desinterés, destacando que la iniciativa fue recibida casi al final de octubre.
La Ley 10-15, que regula el Código Procesal Penal, fue modificada en el Senado sin que estos cambios fueran conocidos por la Cámara Baja, lo que llevó a una acción de inconstitucionalidad y, finalmente, la sentencia 0765-24 del TC, que otorga un plazo de un año para adecuar la norma.

Ese plazo vence a mediados de diciembre, aunque los Diputados exploran opciones para extender un poco más el tiempo de trabajo, dependiendo del momento formal de notificación por el tribunal.

Propuestas y consenso entre actores judiciales

Entre las opciones para avanzar, se incluye la posibilidad de solicitar un nuevo plazo al Tribunal Constitucional, aunque juristas advierten que esto podría establecer un precedente conflictivo.
El texto aprobado por el Senado tiene 470 artículos y es fruto de consenso entre la Procuraduría General de la República, Defensoría Pública, Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y Poder Judicial.
Según el informe, todo lo no citado o modificado permanece igual al acuerdo aprobado inicialmente.