Precedente en EE. UU.: Acusan de asesinato a mujer por tomar píldoras abortivas en Georgia

Alexia Moore, de 31 años, enfrenta cargos tras la muerte de una bebé prematura; es la primera imputación de este tipo desde la prohibición del aborto a las seis semanas en dicho estado.

GEORGIA, EE. UU. — En un caso que ha encendido las alarmas de las organizaciones de derechos reproductivos, las autoridades de Georgia han imputado por asesinato grave a Alexia Moore, una mujer de 31 años acusada de interrumpir su embarazo mediante el uso de misoprostol. El incidente ha sido catalogado como la primera acusación de esta magnitud desde que el estado endureció sus leyes contra el aborto.

Los hechos se remontan a diciembre pasado, cuando Moore acudió a una sala de urgencias aquejada de fuertes dolores abdominales. Según la orden de arresto citada por The Washington Post, la mujer dio a luz a una niña prematura de entre 22 y 24 semanas de gestación.

Una confesión bajo atención médica

El documento judicial indica que la bebé presentaba «actividad cardíaca» al momento de nacer, pero falleció apenas una hora después. Durante su estancia en el hospital, Moore habría comunicado al personal médico que estaba embarazada y que había ingerido misoprostol para interrumpir la gestación.

Esta información fue utilizada por la policía para interrogarla en el centro de salud y posteriormente proceder con el cargo de asesinato, bajo el argumento de que la muerte de la recién nacida fue provocada por la acción voluntaria de la madre.

El muro legal de Georgia

Georgia implementó en 2022 una ley (aprobada originalmente en 2019) que prohíbe el aborto desde el momento en que se detecta actividad cardíaca en el embrión, lo cual ocurre generalmente alrededor de la sexta semana. Esta legislación entró en vigor plenamente tras la histórica sentencia de la Corte Suprema de EE. UU. que eliminó la protección federal al aborto (Roe v. Wade).

Reacciones y activismo

El caso de Alexia Moore, quien permanece detenida, ha generado una ola de indignación entre activistas que denuncian la criminalización de las mujeres que buscan atención médica. Expertos legales señalan que este caso podría definir cómo se aplican las leyes de «homicidio fetal» o asesinato en estados con prohibiciones estrictas, transformando las emergencias obstétricas en escenas del crimen.