Nuevo Código Penal dominicano: castiga el tráfico de influencias, la violación dentro del matrimonio y crea el cúmulo de penas

La Ley 74-25 introduce profundas reformas en materia penal, incluyendo sanciones por corrupción, feminicidio, acoso, difusión de contenido privado, y mantiene penalizado el aborto. Entrará en vigor en agosto de 2026.

La República Dominicana ha aprobado el nuevo Código Penal, mediante la Ley 74-25, reemplazando el anterior texto legal que databa de 1884. Esta reforma representa uno de los mayores avances legislativos en materia penal del país y contempla nuevas figuras delictivas, endurecimiento de penas y modernización de procedimientos judiciales.

Entre los principales aspectos del nuevo Código Penal destacan:


✅ Cúmulo de penas y castigos ejemplares

Por primera vez, se establece la acumulación de penas de hasta 60 años de prisión para personas halladas culpables de múltiples infracciones graves de la misma naturaleza, una novedad que busca endurecer las consecuencias para delitos complejos y reiterativos.


⚖️ Corrupción y tráfico de influencias

Se incluyen nuevos tipos penales como el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, con penas que van desde 3 hasta 20 años de prisión, dependiendo de los montos involucrados. Si los valores superan los mil salarios mínimos del sector público, la pena máxima aplicable será de 20 años de cárcel e inhabilitación por hasta 30 años.


🚫 Violación dentro de la pareja y feminicidio

El Código reconoce como delito la violación sexual en el marco de una relación de pareja, castigándola con hasta 20 años de cárcel. También tipifica el feminicidio con penas de 40 años de prisión, destacando que se trata de un crimen basado en la condición de género de la víctima, sin importar la relación o el lugar donde ocurra.


📲 Acoso, privacidad y difusión de contenido sin consentimiento

  • El acoso por cualquier medio será sancionado con 1 a 2 años de prisión.
  • Si la víctima es menor, embarazada, persona mayor o con discapacidad, la pena se agrava.
  • El acoso sexual digital se penaliza con hasta 3 años de prisión.
  • Compartir audios, videos o conversaciones privadas sin autorización será castigado con 6 meses a 1 año de cárcel.

📉 Delitos contra la integridad y el honor

  • Se sanciona el bullying o acoso verbal y físico, con prisión de 15 días a un año.
  • Se penaliza con hasta 5 años de cárcel la difusión de videos, imágenes o audios falsos o manipulados que dañen el honor de una persona.

🚔 Derechos de detenidos y abusos policiales

  • Impedir a una persona privada de libertad comunicarse con un familiar o abogado será castigado con prisión y multas.
  • Grabar un arresto no es delito, y los policías que lo impidan pueden ser sancionados, salvo que se comprometa su seguridad o la operación.

💉 Daños con sustancias químicas

  • Arrojar ácido del diablo u otras sustancias corrosivas será castigado con 30 años de prisión.
  • Si se usan químicos para confundir a la víctima y cometer otros delitos, la pena será de 10 a 20 años.

🔴 El aborto sigue penalizado

El nuevo Código mantiene la penalización del aborto, con penas de 2 años para la mujer que se lo practique y 3 años para el personal médico. Si la gestante muere, la pena para el médico se eleva a 5 años de prisión.

Se contempla una eximente solo si se agotan todos los medios disponibles para salvar la vida de la madre y/o el feto.


🧑‍⚖️ Opiniones encontradas y críticas

El dirigente político José Horacio Rodríguez, presidente de Opción Democrática, criticó la versión final del Código al considerar que representa un retroceso en derechos fundamentales, como la protección a personas LGBTIQ+ y las mujeres víctimas de violación sexual.

Rodríguez lamentó que el nuevo texto eliminara artículos que anteriormente protegían contra la discriminación por orientación sexual y que no se incluyeran causales para despenalizar el aborto en casos extremos.


🗓️ Vigencia: entra en vigor en agosto de 2026

La Ley 74-25 establece que el nuevo Código Penal entrará en vigor dentro de doce meses, es decir, en agosto de 2026, con el objetivo de permitir que jueces, fiscales y demás actores del sistema judicial se capaciten y adapten a la nueva legislación.

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