PLD asegura que sentencia en caso Alexis Medina confirma “mala fe” y uso político del Ministerio Público

El partido opositor acusa al órgano acusador de actuar con ensañamiento y sin objetividad contra exfuncionarios y dirigentes peledeístas, tras el fallo que condenó a siete años a Alexis Medina.

SANTO DOMINGO. — El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reaccionó este jueves a la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que condenó a siete años de prisión a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, por actos de corrupción cometidos durante la pasada administración.

En un comunicado oficial, la organización opositora afirmó que el dictamen confirma la “mala fe” y el uso político del Ministerio Público (MP) en este caso, insistiendo en que desde el inicio se trató de un proceso carente de objetividad y sustentado en motivaciones políticas.

“El Ministerio Público actuó con falta de objetividad y con ensañamiento en contra de exfuncionarios y dirigentes del PLD que hoy han sido descargados por el tribunal”, señala la nota difundida en el portal del partido.

“No existía estructura criminal”

Aunque el PLD evitó pronunciarse directamente sobre la condena a Medina Sánchez —acusado de crear un entramado societario para beneficiarse de contratos, bienes y servicios estatales mediante maniobras fraudulentas—, la organización enfatizó que el descargo de varios de los coimputados demuestra que no existía una estructura criminal.

“Este fallo ratifica que la acusación en contra de nuestros compañeros carecía de sustento probatorio real y que se intentó vincular, de manera infundada, a una organización política con actos ajenos a su naturaleza y a su práctica institucional”, sostiene el comunicado.

Críticas al proceso judicial

El PLD denunció que, durante los cinco años que duró el proceso, el Ministerio Público incurrió en violaciones a garantías fundamentales, daños reputacionales y filtraciones mediáticas con el objetivo de construir una narrativa política.

La organización también reprochó la inclusión en el expediente de personas que —según afirma— debieron ser excluidas desde el inicio por falta de pruebas.

“Aquí se armó un caso para perseguir a figuras políticas y dar apariencia de una red criminal inexistente”, añade el texto.

Finalmente, el partido calificó el caso como un ejemplo de lawfare —judicialización de la política—, insistiendo en que no fue un proceso judicial serio, sino un mecanismo de persecución política desde el poder.

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