Sectores políticos, salvo la izquierda, respaldan el acuerdo RD–EE. UU. para reforzar la lucha antidrogas

Figuras oficiales defienden la legalidad del convenio, mientras grupos de izquierda lo rechazan por considerarlo una amenaza a la soberanía

SANTO DOMINGO, RD.– El reciente acuerdo mediante el cual República Dominicana autoriza a Estados Unidos a utilizar su espacio aéreo y áreas específicas del Aeropuerto Internacional de Las Américas y de la Base Aérea de San Isidro para operaciones logísticas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico ha generado una intensa ola de reacciones políticas y sociales en el país.

Mientras la mayoría de los sectores políticos valoraron el convenio como un paso estratégico para fortalecer la seguridad regional, organizaciones de izquierda y grupos críticos denunciaron presunta injerencia extranjera y riesgos a la soberanía nacional.

Posturas institucionales: Gobierno y Congreso defienden el alcance del acuerdo

A primeras horas del día, los presidentes de ambas cámaras del Congreso rechazaron los señalamientos de que el acuerdo debía ser sometido a debate legislativo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recordó la vigencia del acuerdo de interdicción marítima firmado en 1993, asegurando que esta actualización fortalece la capacidad del Estado para proteger su espacio aéreo y sus aguas territoriales frente a actividades ilícitas.

“Es una acción necesaria y oportuna para garantizar la seguridad del país”, afirmó.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, coincidió con Pacheco al sostener que el acuerdo ya había sido ampliado en 2023, por lo que no se requería aprobación adicional del Congreso.

Más prudente fue el vocero del PLD, Gustavo Sánchez, quien señaló que el acuerdo solo necesitaría pasar por el Congreso en caso de que su duración se extienda más allá del período establecido.

Consulta previa a expresidentes

Previo al anuncio público, los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía fueron informados detalladamente sobre el alcance del acuerdo. La visita estuvo encabezada por el canciller Roberto Álvarez y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quienes explicaron que la autorización deriva del acuerdo bilateral de cooperación contra el narcotráfico firmado en 1995, ejecutado desde 2003.

La autorización cubre exclusivamente aviones cisterna y aeronaves de transporte militar destinados al reabastecimiento, apoyo técnico y movilidad logística. El convenio tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2026, siempre bajo condiciones estrictas de respeto a la Constitución dominicana y al derecho internacional.

Fuentes oficiales aclararon que el personal estadounidense no podrá realizar operaciones militares, policiales o de cualquier otra índole en territorio dominicano sin autorización expresa. Además, deberán estar acompañados en todo momento por personal dominicano.

Críticas desde la izquierda: advertencias y rechazo frontal

Los rechazos más contundentes provinieron de organizaciones de izquierda como Alianza País, Frente Amplio y el Movimiento Izquierda Unida.
El dirigente Miguel Mejía, entrevistado en el programa Esto No Tiene Nombre, calificó el acuerdo como una “claudicación” ante Estados Unidos.

En su intervención, evocó las intervenciones militares de 1916 y 1965, y advirtió que la autorización podría formar parte de un supuesto “cerco militar en el Caribe”, cuyo objetivo —dijo— no sería el narcotráfico, sino presionar a Venezuela.

Según Mejía, la medida podría comprometer la autodeterminación del país y escalar tensiones regionales. Aunque reconoció la importancia del diálogo, advirtió sobre una eventual “intervención indirecta”.

Otros grupos como el Movimiento Caamañista y el Partido Patria Para Todos también expresaron preocupación por la visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, reiterando llamados a proteger la soberanía nacional.

Expertos en aviación restan peso operativo al acuerdo

El piloto Francisco “Frank” Díaz, presidente del Consejo de Capitanes y de la Asociación Dominicana de Aviación General, sostuvo que la medida tiene un carácter “más diplomático que funcional”.

Explicó que los aeropuertos Las Américas y San Isidro no cuentan con las condiciones óptimas para recibir aeronaves militares de gran escala, por lo que el impacto operativo sería limitado.