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Los acusados recibieron penas de 20, 15, 10 y 7 años por trata agravada, lavado de activos y porte ilegal de armas
Santo Domingo.– La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago confirmó de manera íntegra la sentencia emitida en primera instancia contra una red criminal dedicada a la trata de mujeres procedentes de Colombia y Venezuela, conocida por operar en el establecimiento Casa Blanca Night Club, en Santiago.
El tribunal ratificó las condenas de 20, 15, 10 y 7 años de prisión, además de fuertes multas económicas, por los delitos de trata de personas agravada, lavado de activos y porte y tenencia de armas ilegales, incluyendo armas de guerra.
Las condenas ratificadas
La sentencia establece que Juan Antonio Fernández Fernández cumplirá 20 años de prisión, además del pago de 175 salarios mínimos y una indemnización de RD$14,000,000 a favor de dos de las víctimas, acogiendo plenamente el dictamen del Ministerio Público.
Asimismo, Grismelda Acarilis Merejo Salas fue condenada a 15 años de prisión y al pago de 175 salarios mínimos, mientras que María Magdalena Batista Batista recibió una pena de 10 años y una multa equivalente a 50 salarios mínimos.
Los procesados Jolbert José Ramírez y Jairo Rafael Correa fueron sentenciados a 7 años de prisión y al pago de 75 salarios mínimos cada uno.
Modus operandi: captación, abuso y explotación
De acuerdo con el expediente, la organización criminal captaba mujeres en diversas ciudades de Colombia y Venezuela, a quienes trasladaban a Santiago bajo falsas promesas de oportunidades laborales. Al llegar al país, las víctimas eran llevadas a Casa Blanca Night Club, donde sufrían un sistema de explotación caracterizado por:
- Amarrarlas a las patas de las camas.
- Imponerles multas por tardanzas o incumplimientos.
- Obligarles a atender clientes bajo amenaza o coerción.
- Utilizarlas como imagen para promocionar el negocio.
El Ministerio Público demostró que el grupo operaba de manera organizada y con jerarquías definidas, en un esquema que combinaba trata de personas con actividades de lavado de activos.
Intento fallido de evadir responsabilidades
La corte también rechazó la solicitud de extinción de la acción penal presentada por Jolbert José Ramírez Palomo, a la cual se adhirieron los demás procesados, en un intento de eludir las sanciones. El tribunal concluyó que no existían fundamentos legales para extinguir la acción penal en un caso de esta gravedad.
Además, la instancia eximió del pago de las costas del recurso presentado por el Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Juan Medina de los Santos, de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Con esta decisión, la justicia dominicana reafirma su compromiso con la persecución y sanción de la trata de personas, uno de los delitos más graves y lucrativos en la región.
Periodista en formación, Productor Audiovisual, Fotografo Profesional, Director de ElViaducto.NET y las Emisora ElViaductoFM y RadioJesucristo.com, Productor del Programa A Nivel Radio y Conductor.
