Ocho fiscales son desvinculados del Ministerio Público por graves faltas y vínculos con delitos

Ninguno de los sancionados podrá volver a ocupar cargos en la institución, según decisión del Consejo

El Consejo Superior del Ministerio Público destituyó a ocho fiscales en los últimos meses por cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones, entre las que se incluyen favorecimiento al crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico ilícito de cigarrillos, nepotismo, abuso de poder y otros delitos.

De acuerdo al organismo, las medidas disciplinarias se adoptaron tras la comprobación de los hechos por el Consejo Disciplinario, que determinó violaciones graves a la ética y al correcto desempeño institucional. Como sanción adicional, ninguno de los fiscales podrá volver a ocupar cargos en el Ministerio Público, resguardando la integridad del órgano persecutor.

Quiénes son los fiscales destituidos y por qué

• Luis González, ex titular de la Procuraduría Antilavado, fue destituido por su vinculación a un caso de drogas.
• José Andrés Fernández fue removido al ejercer como fiscalizador en San Cristóbal mientras figuraba como mayor activo de la Policía Nacional, incumpliendo normas de incompatibilidad.
• Henry Alberto Romero, fiscal, separado del cargo por relaciones con red de tráfico de cigarrillos.
• Daniel Acevedo, destituido por presunta vinculación con caso de narcotráfico.
• Nelson Rodríguez, removido por faltas graves en el ejercicio profesional.
• Nancy Rivas, sancionada por nepotismo: empleó a varios familiares en la jurisdicción que dirigía.
• Mauricio Castillo Ozorio, cancelado por dejar embarazada a una menor de edad.
• Otro miembro, cuyo nombre no se reveló, fue destituido por recibir sobornos para favorecer a un imputado.

Sanciones y proceso disciplinario

Además de la destitución definitiva, el Consejo estableció la inhabilitación total para futuros cargos dentro de la institución.
El proceso disciplinario inicia con una investigación exhaustiva de la Inspectoría General, que puede abrir expedientes de oficio o a partir de denuncias formales.
Tras reunir pruebas, el expediente se remite al Consejo Disciplinario, que delibera y aplica las sanciones según la gravedad confirmada por evidencia documental y testimonial.