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La procuradora general explicó que la nueva Ley de Compras Públicas y la actualización del Código Penal sancionarán tanto a funcionarios como a empresas vinculadas en casos de corrupción.
Santo Domingo.– Los servidores públicos podrán ser investigados si su estilo de vida y transacciones bancarias no corresponden con los ingresos que reciben de su salario, según lo advirtió la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, durante una conferencia sobre el nuevo Código Penal realizada en la Dirección General de Aduanas.
Reynoso explicó que la honestidad es un requisito fundamental para la función pública, ya que permite a la ciudadanía ejercer una auditoría social.
“La honestidad, transparencia y eficiencia no son valores agregados de un servidor público, son intrínsecos a la labor de un funcionario”, subrayó.
Ley de Compras Públicas y Código Penal
La magistrada detalló que, a partir de enero del próximo año, entrará en vigor la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas, junto con la actualización del Código Penal, lo que ampliará los mecanismos legales contra la corrupción.
Entre las disposiciones destacan:
- Las empresas involucradas en actos de corrupción serán inhabilitadas de participar en licitaciones o contratos con el Estado por cinco años.
- Si se prueba responsabilidad, podrían ser disueltas de manera definitiva.
- Por primera vez, las empresas podrán ser procesadas penalmente por delitos como fraude fiscal, contrabando o falsificación de documentos aduaneros.
- Cualquier hecho doloso que afecte al patrimonio público podrá ser sancionado como delito autónomo de corrupción, incluso si no está descrito como un tipo específico, similar a la ley de lavado de activos.
Auditoría visual y denuncias ciudadanas
La funcionaria explicó que se aplicará la llamada “auditoría visual”, que permitirá verificar si el estilo de vida de los funcionarios coincide con sus ingresos. Esto incluye el análisis de consumos, cuentas bancarias y propiedades.
Además, la Dirección de Ética y Transparencia desarrolla una campaña para que los ciudadanos puedan realizar denuncias anónimas de actos de corrupción, las cuales llegarán directamente a la Procuraduría Especializada para la Investigación de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Impacto en la sociedad
Reynoso afirmó que la corrupción afecta directamente la inversión en sectores esenciales como salud, educación y seguridad, por lo que la sociedad es la principal víctima.
“El patrimonio público no es del Gobierno, es de la sociedad, y es nuestra obligación protegerlo”, sostuvo.
El director de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, resaltó que este proceso de reformas legales permitirá fortalecer la institucionalidad y combatir los ilícitos aduaneros, destacando el carácter didáctico de la conferencia como herramienta preventiva para los contribuyentes y el comercio en general.
Periodista en formación, Productor Audiovisual, Fotografo Profesional, Director de ElViaducto.NET y las Emisora ElViaductoFM y RadioJesucristo.com, Productor del Programa A Nivel Radio y Conductor.
