Un gran jurado federal imputa nueve cargos criminales a los presuntos organizadores de la travesía en yola que dejó varios muertos y desaparecidos.

La travesía clandestina por el Canal de la Mona volvió a teñirse de luto. Un gran jurado federal en Puerto Rico presentó nueve cargos criminales contra tres ciudadanos dominicanos, acusados de liderar una frágil yola sobrecargada que terminó en naufragio. El fatídico viaje cobró la vida de al menos tres personas y dejó a más de una docena de desaparecidos en alta mar.
Una travesía mortal marcada por la violencia
Los acusados fueron identificados por las autoridades federales como Máximo Alexander Castillo Cabrera, Víctor Alfonso Montilla Espíritu Santo y Danny de la Rosa Mercedes. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico, la embarcación transportaba a más de 60 migrantes que pagaron exorbitantes sumas de dinero para intentar cruzar de manera irregular.
La acusación judicial revela un detalle preocupante ocurrido antes del hundimiento. A bordo de la frágil nave se desató un altercado violento en el que se señala a De la Rosa Mercedes de agredir a varios pasajeros con un machete. Esta agresión generó pánico entre los ocupantes, provocando que personas desesperadas saltaran al agua en plena noche.
El operativo de rescate en Isla de Mona
El incidente ocurrió en aguas cercanas a la Isla de Mona, un inhóspito tramo marítimo que conecta a la República Dominicana con Puerto Rico. Tras la alerta, un operativo conjunto entre la Guardia Costera estadounidense, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y agencias locales logró rescatar con vida a 49 personas.
Lamentablemente, los socorristas recuperaron los cuerpos sin vida de tres migrantes. Decenas de familias en suelo dominicano aún esperan noticias sobre los demás pasajeros reportados como desaparecidos.
Penas severas para los organizadores de viajes ilegales
Las autoridades federales remarcaron que el tráfico ilícito de personas conlleva consecuencias judiciales devastadoras. Al haber provocado muertes directas durante el viaje, los imputados se enfrentan a penas que van desde varios años de prisión hasta la cadena perpetua o, incluso, la pena de muerte bajo el marco de la ley estadounidense.
El fiscal federal interino para Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, reiteró el llamado urgente a la población para no arriesgar la vida en travesías marítimas ilegales. Las investigaciones continúan abiertas para desmantelar la red de organizadores que lucran con la desesperación de los migrantes en la región.
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