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La contundente advertencia de Luis Abinader contra la delincuencia refleja el sentir de una población cansada del crimen, pero expone los límites institucionales de la figura presidencial.
POR: MANUEL TEJADA GÓMEZ
«Que se entreguen; si no, les va a ir peor». Con un tono inusualmente enérgico y con la mirada fija, el presidente Luis Abinader lanzó una clara advertencia a los implicados en la tragedia que enluta al merenguero Julián Oro Duro, tras el trágico asesinato de su esposa. No es la primera vez que el jefe de Estado recurre a un lenguaje directo frente al crimen; en ocasiones anteriores ha echado mano al denominado «código 29», la clave policial utilizada para referirse a la baja de un sospechoso.
El pronunciamiento generó un debate inmediato en la opinión pública. Por un lado, comunicadores y juristas cuestionaron las palabras del mandatario por entender que rozan el límite constitucional, interpretándose casi como una orden tácita de ejecución fuera del debido proceso. Por el otro, un amplio sector de la sociedad civil aplaudió el carácter de la declaración, cansado de la impunidad y del auge delictivo en los barrios.
El impacto inmediato en las calles y la opinión popular
Como una aparente coincidencia, los días posteriores a la advertencia presidencial han estado marcados por un incremento en los reportes de intercambios de disparos en los que varios presuntos delincuentes han resultado abatidos por la Policía Nacional. Al mismo tiempo, la presión ha surtido un efecto disuasivo: varios prófugos, incluyendo a uno de los acusados en el caso de la esposa de Julián Oro Duro, han optado por entregarse voluntariamente ante el temor de una respuesta letal.
En las esquinas y en el transporte público, la percepción ciudadana respalda mayoritariamente la postura oficial. Frases como «ya el presidente dijo lo que hay que hacerle» o «que los quiten del medio» reflejan un fenómeno social recurrente en el país: la añoranza por métodos de mano dura que recuerdan las gestiones policiales de Pedro de Jesús Candelier o Guillermo Guzmán Fermín, períodos en los que la ciudadanía percibía mayor control de la delincuencia a través del enfrentamiento directo.
El fondo del mensaje frente a la responsabilidad institucional
El fondo del reclamo presidencial es legítimo y compartido por la mayoría: tolerancia cero contra quienes no respetan la vida humana. Sin embargo, la forma compromete la estatura institucional de la Jefatura del Estado. El presidente de la República representa el imperio de la ley y el respeto al debido proceso; mandar a ejecutar o insinuar la eliminación física de un ciudadano —por más deleznable que sea el delito cometido— erosiona la credibilidad de la justicia ordinaria y del Ministerio Público.
Este tipo de líneas bajadas a las fuerzas del orden deben manejarse en el plano estratégico interno, en las reuniones semanales de seguimiento a la seguridad ciudadana. En público, el jefe de Estado debe ser siempre el garante de la Constitución, exigiendo que todo violador de la ley sea capturado y sometido a los tribunales. Al final del día, señor presidente, la población respalda la firmeza de su intención, pero es la forma la que deja un peligroso precedente institucional.
