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Las declaraciones de figuras de la seguridad como Sigfrido Pared Pérez reviven el debate nacional sobre los límites de la fuerza pública y el respaldo institucional a los agentes frente a la criminalidad.
El debate sobre la seguridad ciudadana y el uso legítimo de la fuerza en la República Dominicana ha vuelto al centro de la discusión pública tras posturas firmes emitidas por líderes castrenses y exfuncionarios del Estado. Las recientes valoraciones sobre priorizar la integridad de los agentes del orden por encima de la de los transgresores de la ley abren un profundo análisis sobre el rumbo de las políticas de seguridad en el país.
Para el periódico digital El Viaducto, analizar este fenómeno implica examinar el frágil equilibrio entre el respeto a los derechos fundamentales y la necesidad imperiosa de frenar la ola delictiva que afecta a diversos sectores de la sociedad dominicana.
La autoridad del Estado en juego
Cuando un miembro de las instituciones de seguridad es atacado en el cumplimiento de su deber, las altas esferas militares y policiales interpretan la agresión como un desafío directo al Estado de derecho. Bajo esta premisa, figuras como el exministro de Defensa Sigfrido Pared Pérez han señalado en el pasado que, ante un enfrentamiento armado, la prioridad táctica e institucional debe ser la protección del servidor público.
La postura plantea un dilema ético y operativo:
- ¿Hasta qué punto el Estado debe respaldar la letalidad de sus agentes?
- ¿Cómo garantizar que la autoridad no se debilite frente a estructuras criminales cada vez más agresivas?
Seguridad pública versus derechos fundamentales
Los defensores de las políticas de mano dura argumentan que la delincuencia organizada no cederá espacios si percibe debilidad en la respuesta estatal. Desde esta perspectiva, salvaguardar la vida de un policía herido o caído representa la defensa de toda la estructura democrática.
Por otro lado, los sectores enfocados en los derechos humanos advierten sobre los peligros de legitimar excesos. Sostienen que el uso de la fuerza letal debe estar estrictamente regulado por la proporcionalidad y el debido proceso para evitar abusos de poder que vulneren el pacto social.
