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Tras permanecer en silencio por más de 24 horas, la diputada Millys Martínez alzó su voz este martes para recriminar públicamente la falta de postura de Faride Raful, tras ser agredida de forma violenta por agentes policiales en plena vía pública de la provincia de Elías Piña.
Una agresión que sacude la política local
La tranquilidad de las fiestas patronales en la provincia de Elías Piñas se vio abruptamente interrumpida este fin de semana. La diputada oficialista Millys Martínez, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), vivió momentos de tensión y violencia cuando agentes de la Policía Nacional la agredieron en medio de las festividades.
Lejos de tratarse de un incidente aislado, el hecho ha escalado rápidamente a la opinión pública nacional, no solo por el uso desmedido de la fuerza contra una legisladora, sino por las profundas fisuras políticas que ha comenzado a revelar dentro de la misma organización gubernamental.
El duro reclamo contra Faride Raful
Tras guardar un hermetismo de más de un día, Martínez se pronunció con firmeza sobre el suceso. Sin embargo, uno de los puntos focales de su declaración fue el reproche directo hacia figuras de peso dentro del tren gubernamental, señalando el silencio ensordecedor que ha mantenido la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
Para la congresista agredida, la falta de pronunciamiento resulta desconcertante y dolorosa. En su mensaje, Martínez recordó que Raful construyó gran parte de su trayectoria política y moral alzando la voz en defensa de los derechos ciudadanos y denunciando los abusos de poder.
«Antes hablaba con vehemencia sobre los derechos y la justicia; hoy, frente a un abuso directo contra una representante del pueblo, prefiere callar», es el sentir que predomina en los pasillos políticos tras la postura adoptada por el liderazgo.
Repercusiones en el Congreso Nacional
El caso ya genera reacciones encontradas en la Cámara de Diputados y diversos sectores de la sociedad dominicana. Los cuestionamientos hacia la actuación del cuerpo del orden público reabren el debate sobre la urgente reforma policial y el respeto a la inmunidad y dignidad de los legisladores.
Mientras la ciudadanía exige una explicación formal y sanciones ejemplares contra los uniformados involucrados, la presión sigue aumentando sobre el Ministerio de Interior y Policía para que fije una postura clara ante un hecho que vulnera los límites de la autoridad institucional en el país.
