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Un grupo de juristas encabezado por Carlos Balcácer exige al Ministerio Público una investigación independiente tras contabilizar 47 muertes de jóvenes en supuestos intercambios de disparos, advirtiendo de querellas penales.
La tensión entre el sector legal y la cúpula policial dominicana escaló este lunes tras un paso contundente en los tribunales. Siete reconocidos abogados, liderados por el doctor Carlos Balcácer, depositaron formalmente una instancia ante la Procuraduría General de la República para exigir claridad absoluta sobre decenas de fallecimientos recientes atribuidos a agentes del orden.
Los juristas cuestionan las circunstancias de 47 muertes de jóvenes registradas entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre. Según la denuncia, estos decesos se han presentado bajo la etiqueta legal de «intercambios de disparos», operando sin la debida y necesaria supervisión independiente de los fiscales del Ministerio Público.
La sombra del nuevo Código Penal y la clave 29
Durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Justicia, Balcácer fue categórico en sus señalamientos contra el director de la institución del orden, el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.
El abogado penalista advirtió que el alto oficial estaría estrenando los preceptos del nuevo Código Penal al incurrir, según su criterio, en la inducción de actos letales mediante directrices operativas emitidas a la Dirección Central de Investigación (Dicrim).
«Es una inducción a la Policía para que cometa los asesinatos que se están cometiendo… eso se llama homicidio calificado u homicidio agravado, con penas de 20, 30 y hasta 40 años», sentenció Balcácer ante los medios.
Exigen revisión profunda de evidencias
El equipo legal, que también integran figuras como Cándido Simón y Manuel Sierra Pérez, exige que el organismo persecutor profundice en el análisis pericial de los casos. Esto incluye la revisión exhaustiva de autopsias, pruebas balísticas, grabaciones de cámaras corporales y testimonios de familiares directos.
Los juristas reiteraron que la eficacia institucional frente a la delincuencia no se mide en la cantidad de bajas en las calles, sino en la preservación de los derechos ciudadanos y el respeto al debido proceso legal. Asimismo, advirtieron que de no haber una respuesta formal y correctiva en el transcurso de la próxima semana, procederán con una querella directa contra el mando policial y los fiscales que habrían validado actas de manera irregular.
