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Un cálculo erróneo en las tarifas de renovación afectó durante más de un año a los adultos mayores en República Dominicana, hasta que una intervención presidencial detuvo la medida.
Entre septiembre de 2024 y finales de 2025, miles de ciudadanos mayores de 65 años en República Dominicana acudieron a los centros de atención del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para realizar un trámite rutinario: renovar su licencia de conducir. Sin embargo, lo que debía ser un proceso ordinario terminó convirtiéndose en una carga económica desproporcionada e irregular.
Durante ese período, bajo la dirección del ingeniero Milton Morrison, la institución aplicó una tarifa de 1,900 pesos por una vigencia de apenas dos años. El problema de fondo radicaba en una matemática simple: mientras los conductores menores de 65 años pagaban esa misma suma por un documento válido por cuatro años, los adultos mayores terminaban desembolsando el doble en el mismo lapso de tiempo.
Una aritmética que tardó en corregirse
A pesar de los reclamos de diversos sectores y de las reiteradas advertencias sobre el sesgo económico de la medida, el Intrant sostuvo la tarifa durante meses, rechazando que se tratara de un cobro duplicado.
La situación puso en evidencia una falla en el diseño tarifario de la institución, la cual mantuvo la recaudación millonaria de fondos de manera irregular hasta que el tema escaló a los niveles más altos del Poder Ejecutivo.
La intervención desde la Presidencia
El punto de giro ocurrió durante un encuentro de «La Semanal con la Prensa» en el Palacio Nacional. Ante la pregunta directa de un periodista sobre el impacto de la medida en la población de la tercera edad, el presidente Luis Abinader admitió el desconocimiento de la norma y anunció su eliminación inmediata.
La posterior declaratoria de inconstitucionalidad de la limitación restituyó la vigencia de cuatro años para este grupo de conductores. Sin embargo, los recursos recaudados bajo el esquema anterior permanecen en las arcas del organismo público, dejando a miles de adultos mayores a la espera de un nuevo proceso de renovación bajo el esquema corregido.
