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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales intervino recientemente un complejo de nueve edificaciones ilegales levantadas dentro de los 30 metros de la franja de protección del río Yaque del Norte, en La Guázara, Jarabacoa. Sin embargo, la gran pregunta que sigue en el aire es cómo los constructores lograron avanzar durante más de un año sin que ninguna autoridad institucional se percatara de la irregularidad.
El proyecto turístico consta de una infraestructura de dos niveles con ocho habitaciones, terrazas, baños y cocinas. Las inspecciones oficiales revelaron que seis de las estructuras están ubicadas en la parte frontal, prácticamente sobre la ribera del afluente, mientras que las otras tres se encuentran a una distancia de 21.3 metros del cauce.
Fallas en los controles locales
La situación en Jarabacoa destapa un cuestionamiento profundo sobre la efectividad de la fiscalización regional. A este caso se suma el hallazgo de otras dos edificaciones ilegales que ocupaban parcialmente la franja de protección del río Maimón, en Juan Adrián, provincia Monseñor Nouel, las cuales también debieron ser intervenidas de urgencia.
La ciudadanía y diversos sectores ambientalistas se preguntan por qué fallaron los mecanismos de vigilancia locales. Levantar obras de esta magnitud requiere tiempo, maquinaria y movilización de materiales, lo que hace incomprensible la falta de respuesta oportuna de las oficinas territoriales encargadas de velar por el cumplimiento de la Ley 64-00.
La importancia de las franjas de protección
Las franjas protectoras de los ríos no son un capricho legal; cumplen una función vital para la seguridad y el equilibrio ecológico. Estos espacios preservan las riberas, mitigan alteraciones en los cauces y previenen desastres trágicos ante crecidas e inundaciones repentinas.
Aunque la Ley 64-00 otorga plenas facultades al Ministerio de Medio Ambiente para vigilar, monitorear y sancionar los delitos ambientales, estos casos demuestran que las debilidades en la supervisión preventiva continúan abriendo portillos a construcciones que ponen en riesgo los recursos naturales del país.
