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Organizaciones de la comunidad LGBT y líderes religiosos protagonizan una intensa disputa legal ante el TC por la redacción del artículo 173 del nuevo Código Penal dominicano.
Reclamo de protección jurídica
La Plaza de la Bandera y las instalaciones del Tribunal Constitucional fueron el escenario de un enfrentamiento de posturas este miércoles. Organizaciones de la comunidad LGBT y sectores religiosos debatieron el recurso contra el artículo 173 del nuevo Código Penal. La Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (Colesdom) y Rosalba Karina Díaz Crisóstomo exigen que la orientación sexual aparezca de forma expresa. Argumentan que la falta de mención específica deja a su población en una grave indefensión jurídica ante jueces y fiscales.
El abogado Roberto Acevedo explicó que la acción legal busca evitar zonas grises en la ley. Sostuvo que el objetivo no es crear un delito nuevo, sino garantizar que la discriminación por orientación sexual reciba el mismo castigo punitivo. Del lado de las accionantes también figuran Diversidad Dominicana y la Fundación Casa Q+. Los activistas recalcan que el Estado tiene el deber constitucional de blindar a los grupos históricamente vulnerables frente a cualquier trato desigual.
Postura provida y de la Iglesia
Frente a estas demandas, una robusta coalición de instituciones religiosas, familiares y provida se plantó firmemente en contra. El jurista Juárez Castillo, en representación de la Iglesia Católica, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) y otros colectivos, advirtió sobre los límites constitucionales del tribunal. Castillo argumentó que el artículo 173 se limita a replicar las categorías protegidas por la Carta Magna. Incluir la orientación sexual mediante una sentencia equivaldría a usurpar funciones del Congreso Nacional.
Asimismo, los sectores conservadores alertaron sobre posibles colisiones normativas. Advirtieron que una penalización de esta naturaleza pondría en riesgo libertades fundamentales. Entre los derechos citados figuran la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de expresión y la patria potestad de los padres. Entidades como la Arquidiócesis de Santo Domingo, Pro-Nación y el Grupo Acción Cristiana solicitaron al TC rechazar la acción para preservar el orden jurídico vigente.
Un debate de alcance estatal
El expediente, registrado bajo la nomenclatura TC-01-2026-0026, forma parte de los casos evaluados en la audiencia pública del alto tribunal. Las posturas estatales también muestran divisiones internas. La Procuraduría General de la República estimó que la orientación sexual puede interpretarse dentro de las categorías abiertas de la ley. Por el contrario, la Cámara de Diputados defendió la validez constitucional del texto aprobado. Corresponde ahora a los jueces constitucionales determinar si la exclusión literal constituye un vacío punible o si la redacción actual resulta plenamente suficiente. (Fuente externa)
