El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y diversos sectores políticos condenaron la actuación policial contra la legisladora oficialista Millys Martínez, quien fue grabada esposada durante un forcejeo al intentar mediar en un arresto, mientras la institución del orden abrió una investigación oficial.

Un confuso incidente ocurrido la tarde del domingo en una estación de combustible de la provincia Elías Piña desató un fuerte revuelo político en la República Dominicana. La protagonista del hecho es la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Millys Martínez, quien terminó con las manos inmovilizadas con esposas en medio de una intervención policial.
El detonante del altercado
De acuerdo con los videos que circularon masivamente en redes sociales, la situación se originó cuando agentes de la Policía Nacional intentaban detener a un ciudadano en el referido establecimiento. Al percatarse de la acción, la legisladora se acercó para mediar y exigir que soltaran al joven, momento en el que se le escucha reclamar a los uniformados: “Suéltenme, me están apretando…” mientras compartía esposas de manera temporal con otra persona antes de que se las retiraran.
Reacciones institucionales y defensa constitucional
El hecho generó una rápida reacción en la cúpula del Congreso Nacional. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó de manera enérgica la agresión y el trato dado a la congresista.
Pacheco recordó que la Constitución dominicana, en su artículo 86, protege de manera explícita a los legisladores frente a la privación de libertad o arrestos arbitrarios, estipulando que ningún miembro del Poder Legislativo puede ser detenido sin la autorización de la cámara a la que pertenece, salvo en caso de flagrante delito.
Asimismo, legisladores de distintas bancadas, incluyendo figuras de oposición como la vocera del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ydenia Doñé, expresaron su solidaridad con Martínez y exigieron una indagatoria exhaustiva.
La postura de la Policía Nacional
Por su parte, la Policía Nacional emitió declaraciones preliminares negando que se tratara de un «arresto formal» a la legisladora. Sin embargo, ante la gravedad de las imágenes y la presión pública, la dirección general de la institución del orden ordenó al inspector general, el general Martín Tapia Sánchez, asumir personalmente las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el procedimiento encabezado por oficiales locales.
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