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El Gobierno dominicano ha dado un paso histórico en la defensa de los recursos naturales al emitir el Decreto 615-26. La medida declara de alto interés nacional el combate frontal contra el llamado terrorismo medioambiental, advirtiendo que los atentados contra los parques nacionales y cuencas hídricas enfrentarán todo el peso de la ley y penas de entre 20 y 30 años de cárcel.
Un antes y un después en la protección de los recursos naturales
Durante el acto oficial celebrado en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader lamentó que, durante décadas, las áreas protegidas carecieran de la seguridad jurídica elemental. Según explicó el mandatario, al inicio de su gestión se constató con sorpresa que gran parte de estos espacios ni siquiera contaban con títulos de propiedad del Estado, una anomalía que ya se está corrigiendo.
Asimismo, el jefe de Estado denunció que incendios forestales recientes —como el registrado en el Parque Nacional de Bahoruco— son provocados por mafias que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y el suministro de agua potable de toda la nación.
Persecución implacable y aplicación del Código Penal
Ante la debilidad de marcos legales pasados que permitían la pronta liberación de los infractores, el nuevo decreto establece una respuesta coordinada entre las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Migración y los organismos de inteligencia.
Las autoridades advirtieron que la persecución será implacable tanto para los autores materiales como para los patrocinadores intelectuales y empleadores que financien estas actividades ilícitas en los ecosistemas nacionales.
