La Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional conocerá el proceso judicial contra los propietarios del centro nocturno tras el colapso estructural que cobró la vida de 236 personas.

Santo Domingo.– El sistema judicial dominicano enfrenta este viernes uno de los procesos más complejos e impactantes de los últimos tiempos con el inicio del juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, principales propietarios de la discoteca Jet Set.
La audiencia formal, pautada para iniciar a partir de las nueve de la mañana, estará bajo la responsabilidad del juez Franny González, magistrado titular de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, quien tendrá sobre sus hombros la tarea de evaluar los méritos de la acusación formal instrumentada por el Ministerio Público.
Acusación formal y partes involucradas en el proceso
El expediente acusatorio presentado por el órgano persecutor consta de ciento cincuenta y seis páginas y contempla la participación de ochenta y cuatro testigos, además de una rigurosa selección de pruebas documentales y materiales. Los hermanos Espaillat enfrentan graves cargos por presunto homicidio involuntario, mientras que como terceros civilmente demandados figuran diversas razones sociales y corporativas vinculadas al grupo empresarial.
La defensa técnica estará integrada por experimentados juristas, al tiempo que el Ministerio Público será representado por una comitiva de altos fiscales encabezada por Wilson Camacho y Rosalba Ramos, con la participación de destacados abogados que representan a los familiares de las víctimas mortales y heridos.
Antecedentes de la tragedia y expectativas nacionales
Los hechos que motivan este histórico juicio se originan en el colapso catastrófico del techo del establecimiento durante una concurrida actividad artística que dejó un saldo trágico de doscientos treinta y seis fallecidos, incluyendo al reconocido merenguero Rubby Pérez, y más de ciento ochenta personas heridas.
A partir de este momento, el tribunal escuchará de manera formal los debates probatorios entre las partes involucradas, marcando un hito en la búsqueda de justicia y la determinación de responsabilidades civiles y penales en el país.
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