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El Consejo de Gabinete aprobó el estado de emergencia nacional para acelerar la llegada de ayuda humanitaria y coordinar la reconstrucción de cientos de viviendas, escuelas y centros de salud golpeados por el violento temblor.
Un golpe que sacudió los cimientos del país
El movimiento telúrico que sacudió el territorio el pasado viernes dejó una estela de alarma y destrucción en diversas provincias, siendo Tonosí el epicentro de la tragedia. A pesar de la magnitud del evento sísmico, las autoridades confirmaron con alivio que no se registran víctimas mortales, aunque el saldo preliminar contabiliza al menos 27 personas con lesiones que requirieron atención hospitalaria urgente.
Las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas concentran la mayor cantidad de daños materiales. En esta última región, la situación en la isla de Cañas obligó a la evacuación inmediata de unas 300 personas ante la crecida repentina del agua, un grupo que ya se encuentra bajo estrictos protocolos de resguardo y asistencia humanitaria.
Escuelas y hospitales bajo la lupa
El impacto en la infraestructura pública ha encendido las alarmas del Ejecutivo. El ministro de Educación, Ventura Vega, informó que cerca de 419 centros educativos sufrieron daños estructurales, lo que motivó la suspensión de clases a nivel nacional mientras avanzan las inspecciones técnicas de seguridad.
Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) detalló que unas 21 instalaciones de salud presentan afectaciones y más de 426 viviendas han sido rigurosamente evaluadas. Equipos especializados de ingenieros trabajan contrarreloj para determinar cuáles inmuebles pueden ser rehabilitados y cuáles deberán ser levantados desde cero.
Despliegue logístico y respuesta estatal
Para mitigar la crisis en las zonas más apartadas, el Gobierno desplegó un operativo sin precedentes. El Ministerio de Seguridad Pública habilitó ocho helicópteros y cuatro aeronaves, mientras que unos 400 agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) se movilizaron para asegurar la distribución de agua potable, alimentos y medicinas.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, se garantizó que los fondos públicos necesarios están disponibles para respaldar la emergencia y asegurar que ninguna comunidad quede desamparada durante este proceso de recuperación nacional.
