Procuraduría acelera pesquisas en el caso Senasa y prepara acciones antes de finalizar el año

Ministerio Público amplía interrogatorios y busca documentación clave en torno al alegado desfalco millonario

La Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) reactivaron las diligencias investigativas sobre el presunto desfalco en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), un caso que involucra irregularidades estimadas en más de 41 millones de pesos y un complejo esquema de autorizaciones fraudulentas.

Durante las últimas dos semanas, el órgano persecutor retomó los interrogatorios a funcionarios vinculados al sistema de seguridad social. Entre los citados figura el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, así como exfuncionarios y exempleados con informaciones consideradas esenciales para el expediente.

Según informó una fuente a El Nacional, además de los interrogatorios, varias direcciones gubernamentales han sido requeridas para entregar documentación clave que permita afianzar la acusación. El Ministerio Público espera presentar resultados concretos antes de que finalice el año.

En septiembre, el director de Persecución, Wilson Camacho, indicó que se estaban realizando “los últimos toques” del análisis de las anomalías detectadas en la ARS estatal. Recordó que desde julio se han llevado a cabo interrogatorios por irregularidades que incluyen:

• Autorización irregular de más de 4,000 procedimientos médicos que nunca se realizaron.
• Uso indebido de identidades reales de afiliados.
• Operación de un presunto “call center paralelo” manejado por exempleados.
• Contratos bajo modalidad de pago capitado sin adecuada supervisión, que comprometen millones mensuales.

El director ejecutivo de Senasa, Santiago Hazim, ha negado que exista un desfalco, afirmando que la institución está colaborando con la justicia para esclarecer cualquier inquietud.

Demanda social de transparencia

La organización Participación Ciudadana reiteró el llamado a una investigación profunda y transparente. Señaló que las irregularidades denunciadas revelan fallas de control, posibles prácticas corruptas y riesgos para la entrega de medicamentos, autorizaciones y pagos a las prestadoras de servicios de salud.

Aseguran que el caso afecta la credibilidad institucional, la sostenibilidad del sistema y la confianza de la población en el manejo de los fondos públicos.