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El Tribunal Constitucional (TC) demostró una vez más que las órdenes judiciales no son negociables. La alta corte emitió nuevas sentencias en las que sanciona a distintas entidades estatales por ignorar mandatos previos, acumulando multas conminatorias (astreintes) que superan los millones de pesos en favor de ciudadanos que llevaban años esperando justicia administrativa.
Los fallos ponen en evidencia la resistencia de algunas instituciones públicas para cumplir con los plazos legales, dejando a los afectados en un limbo jurídico que vulnera su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica.
El caso de la Policía Nacional y el expediente de Isidro Díaz
Uno de los expedientes ventilados corresponde a la sentencia TC/0844/26, mediante la cual el tribunal acogió la solicitud de liquidación de astreinte presentada por Isidro Díaz Rosario. En este caso, la Dirección General de la Policía Nacional fue condenada a pagar RD$520,000.00 por hacer caso omiso a un fallo dictado a finales de 2024 que le ordenaba entregar los documentos de una investigación por presunta deserción.
A pesar de que la decisión se notificó formalmente el 6 de junio de 2025 y se fijó una penalidad diaria de RD$2,000.00, la institución policial nunca entregó la documentación. Los magistrados contabilizaron 260 días de retraso y calificaron la actitud policial como «reticente e irresponsable», advirtiendo que el monto seguirá sumando hasta que cumplan de forma definitiva.
En paralelo, el TC también emitió la sentencia TC/0736/26, ordenando a la misma entidad pagar RD$2,845,000.00 a Dulce María Lora Solís, viuda de un oficial, por no reconocer su ascenso y pensión retroactiva.
Condena solidaria a INABIMA, Pensiones y Ministerio de Hacienda
En otra de las decisiones clave, la sentencia TC/0851/26, el alto tribunal acogió el reclamo de Yolanda del Carmen Solís de Rosario y condenó de forma solidaria al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) y al Ministerio de Hacienda al pago de RD$950,000.00.
El conflicto surgió porque estas entidades ignoraron la orden de restituir una pensión otorgada mediante decreto en 1992 y realizar los pagos retroactivos correspondientes desde 2021.
Tras vencerse el plazo de 30 días otorgado por la corte sin que ofrecieran pruebas de cumplimiento, el TC contabilizó 95 días de retraso a razón de RD$10,000.00 diarios, recordando que sus decisiones son irrevocables y de obligado cumplimiento para todo el aparato estatal.
