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La Segunda Sala del TSA acogió la demanda del FONPER y anuló los contratos históricos de Falconbridge Dominicana, S.A. debido al incumplimiento de obligaciones legales, técnicas y laborales, marcando el fin de una era para la minería en La Vega y Monseñor Nouel.
SANTO DOMINGO — El Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitió una sentencia histórica que pone fin a una relación contractual de casi siete décadas en el sector extractivo nacional. La Segunda Sala del tribunal anuló los contratos de concesión minera suscritos entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo) sobre el yacimiento Quisqueya I, ubicado entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión judicial quedó establecida mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, dictada el pasado 12 de agosto de 2026. El tribunal estuvo presidido por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrado por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu.
Revocación de contratos históricos
Con este fallo, el tribunal dejó sin efecto legal los acuerdos originales suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969, los cuales sustentaban los derechos de exploración y explotación de la minera en territorio dominicano.
La acción legal fue interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), actuando en representación del Estado dominicano. La demanda se fundamentó en reiterados incumplimientos de las normativas mineras vigentes, deficiencias en la presentación de informes técnicos obligatorios y morosidad en obligaciones económicas y laborales.
Incumplimientos técnicos y paralización de actividades
Dentro de los fundamentos jurídicos valorados por la Segunda Sala del TSA sobresale la paralización total de las operaciones productivas en la concesión Quisqueya I, registrada de manera oficial desde el 17 de noviembre de 2023, de acuerdo con las certificaciones presentadas por la Dirección General de Minería.
Asimismo, el tribunal ponderó la omisión sistemática de la empresa en la entrega de documentación mandatoria, incluyendo:
- Falta de presentación de los informes semestrales de progreso correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025.
- Ausencia de entrega de los informes anuales de operaciones de los periodos 2023 y 2024.
Impacto laboral, económico y social
La anulación de los contratos se materializa en un contexto de aguda crisis institucional y financiera para la empresa, caracterizada por un cese abrupto de sus actividades extractivas.
Tras el cierre de operaciones a finales de 2023, Falcondo transitó hacia un esquema de «cuidado y mantenimiento» sin implementar un plan de cierre ordenado y sostenible. Esta situación provocó desvinculaciones masivas y severos incumplimientos económicos frente a contratistas, suplidores locales y empleados directos.
Durante el año 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron el pago de sus prestaciones sociales gracias a la intervención directa del FONPER, en representación de los intereses del Estado.
Sin embargo, el conflicto laboral continúa abierto. A esto se suma un grupo adicional de exempleados cuyos contratos terminaron en marzo de 2026, quienes mantienen demandas y reclamaciones pendientes por concepto de derechos adquiridos que ascienden, según estimaciones de sus voceros, a unos RD$300 millones.
