El Viaducto.NET El Tren Informativo del Mundo
El movimiento no ha cesado desde tempranas horas de este sábado en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Parientes y representantes legales de los 28 detenidos en la operación Senasa 2.0 acudieron a la «carcelita» del recinto en el Distrito Nacional para constatar el estado de salud de sus allegados y coordinar la estrategia legal, mientras se agota el plazo para que la fiscalía presente la solicitud de medidas de coerción.
El ambiente se percibe tenso. Algunos de los familiares prefirieron guardar silencio ante los medios de comunicación a su salida del edificio, mientras que otros ingresaron cargando fundas con ropa y alimentos para los privados de libertad. Los arrestos se ejecutaron en una serie de allanamientos simultáneos realizados durante la madrugada del viernes en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, e incluyen a profesionales de la medicina y ejecutivos del sector farmacéutico.
Cuestionamientos al procedimiento y respeto a los derechos
Entre los juristas presentes en la sede judicial, la abogada Fresa Cruz, representante de varios de los médicos aprehendidos, fijó una postura crítica respecto a la forma en que se llevaron a cabo las intervenciones. Cruz planteó que las circunstancias y el horario de las requisas deben someterse a una revisión rigurosa para verificar si se respetaron las garantías constitucionales de los procesados.
«Yo entiendo que lo tienen que investigar porque se le están violando derechos fundamentales por la forma en que lo hicieron», argumentó la jurista. A pesar de los señalamientos sobre las irregularidades en las detenciones, la abogada expresó su confianza en que las autoridades judiciales garanticen el debido proceso a medida que avance el caso.
El alcance de la supuesta trama en el Senasa
El Ministerio Público dispone de un plazo constitucional de 48 horas tras los arrestos para depositar la solicitud formal de medida de coerción ante un juez de la instrucción. El órgano perseguidor sostiene que esta red provocó un desfalco cercano a los 15,000 millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Esta nueva etapa de la investigación da continuidad al primer grupo de encartados que fue aprehendido en diciembre de 2025, expediente en el que figuran exfuncionarios y empresarios del sector salud, entre ellos el exdirector de la institución, Santiago Hazim, y el empresario Eduardo Read Estrella.
