El reconocido jurista cuestionó la modificación de la calificación jurídica de homicidio involuntario a voluntario por dolo eventual en el proceso judicial sobre la tragedia en la discoteca Jet Set, asegurando que se trata de una decisión popular que vulnera el principio de legalidad.

Un proceso judicial en entredicho
La tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set sigue generando fuertes debates en el ámbito jurídico de la República Dominicana. El reconocido abogado y jurista Cándido Simó afirmó de manera categórica que el emblemático proceso judicial fue dañado en los tribunales y, por lo tanto, debería comenzar desde cero.
Durante una reciente entrevista televisiva en el programa Toque Final, Simó analizó el rumbo que ha tomado el expediente contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, tras el colapso del techo del establecimiento que cobró la vida de 236 personas la madrugada del 8 de abril de 2025.
Cuestionamientos al cambio de calificación penal
El núcleo de la crítica del jurista radica en la variación de los cargos formulados inicialmente por el Ministerio Público. Mientras que la acusación original tipificaba los hechos como homicidio involuntario y golpes involuntarios —con una pena máxima de hasta dos años de prisión por presunta negligencia estructural—, el juez Franny González modificó posteriormente la calificación a homicidio voluntario bajo la figura del dolo eventual.
Para Simó, esta decisión responde a una medida de presión social destinada a complacer reclamos populares, más que a un rigor técnico del derecho. El especialista advirtió que este cambio transgrede el principio de legalidad y la seguridad jurídica, elevando las posibles condenas de los imputados a penas de entre tres y 20 años de prisión.
Principio de favorabilidad y futuro incierto
El abogado defensor e investigador legal sostuvo que la figura del dolo eventual no se encontraba debidamente tipificada en el código aplicable al momento de los hechos. En consecuencia, apeló al principio constitucional de favorabilidad para exigir que el caso se examine estrictamente bajo la legislación vigente cuando ocurrieron los hechos.
Mientras los tribunales evalúan los recursos de apelación interpuestos por la defensa de los hermanos Espaillat, las declaraciones de Simó abren un nuevo frente de discusión sobre el equilibrio entre la justicia para las víctimas y el respeto estricto al debido proceso en los tribunales dominicanos.
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