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Un tribunal de Santo Domingo Este sentenció a Alexander Mejía Mora a cumplir 15 años de cárcel en el centro Las Parras y al pago de un millón de pesos de indemnización por la muerte a tiros de Cristofer García.
Una discusión que terminó en tragedia
La historia de este caso se remonta al pasado 11 de enero de 2024, en el populoso sector de Los Mina, en Santo Domingo Este. Todo comenzó en horas de la madrugada, cuando la pareja sentimental de Alexander Mejía Mora compartía junto a otras personas en la intersección formada por las calles Alejandro Geraldino y Horacio Ortiz Álvarez.
En medio de la reunión, Mejía Mora se presentó en el lugar y agredió físicamente a su pareja con una bofetada. Ante la violenta escena, los ciudadanos presentes intervinieron para reclamarle su conducta. Lejos de calmarse, el agresor lanzó una amenaza antes de retirarse: advirtió que regresaría.
El ataque armado y la sentencia judicial
Minutos más tarde, cumpliendo su advertencia, el hombre volvió a la escena del altercado portando un arma de fuego. Lo hizo acompañado por Joel David Calderón Heredia (alias Joel Pepa) y Danauris Lacombre (alias Calamardo), desplazándose a bordo de dos motocicletas. Sin mediar palabras, los sujetos realizaron múltiples disparos. Uno de los proyectiles impactó de manera mortal a Cristofer García, segándole la vida en el acto.
Durante el juicio de fondo, el Ministerio Público había solicitado una condena ejemplar de 30 años de reclusión. Sin embargo, tras evaluar las pruebas presentadas, el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este dictó una sentencia de 15 años de prisión en contra de Mejía Mora.
La decisión fue tomada por los jueces Julio de los Santos Morla (presidente), Yuri Cuevas de la Cruz y Ana Miledys Taveras. El tribunal determinó que el condenado deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en San Antonio de Guerra. Asimismo, la corte ordenó el pago de un millón de pesos como indemnización a favor de los familiares de la víctima y lo halló culpable de violar diversas disposiciones del Código Penal dominicano y de la Ley 631-16 sobre control de armas.
