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El gremio empresarial urge a los legisladores a aprobar la extensión del plazo para la entrada en vigencia de la responsabilidad penal corporativa, advirtiendo que las organizaciones necesitan más tiempo para implementar sus programas de cumplimiento.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ha encendido los motores en el ámbito legislativo dominicano. En medio de un escenario de profundas reformas, el principal gremio del sector privado solicitó formalmente al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto de ley que aplaza la implementación del artículo 31 del Código Penal.
La medida busca evitar que las empresas e instituciones enfrenten sanciones severas sin haber contado con el margen operativo necesario para blindarse legalmente.
El dilema de la responsabilidad corporativa
El núcleo de la solicitud gira en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Según las autoridades del CONEP, encabezadas por su presidente Celso Juan Marranzini y su vicepresidente ejecutivo César Dargam, las organizaciones del país requieren un periodo de transición realista y estructurado.
Implementar modelos de prevención de delitos y programas de cumplimiento normativo (compliance) no es un proceso que se logre de la noche a la mañana, por lo que una entrada en vigencia apresurada podría poner en jaque la estabilidad del sector productivo.
¿Qué sigue en el Congreso Nacional?
Con la solicitud sobre la mesa, la pelota está ahora en la cancha del Poder Legislativo. Los congresistas deberán evaluar la urgencia del proyecto de extensión para evitar un vacío o un choque operativo en el sistema de justicia penal. Mientras tanto, el empresariado se mantiene vigilante, esperando que el debate legislativo priorice la seguridad jurídica y el fortalecimiento institucional del país.
