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Washington sancionó a 21 personas y 25 entidades vinculadas al cartel de Sinaloa, incluyendo a altos mandos operativos y funcionarios corruptos que protegían el tráfico de fentanilo.
El Gobierno de Estados Unidos asestó este miércoles un certero golpe financiero y político a la estructura del narcotráfico transnacional. Washington oficializó un paquete de sanciones contra 21 individuos y 25 entidades directamente ligadas al cartel de Sinaloa, situando en el centro del objetivo a Ismael Zambada Sicairos, conocido popularmente como «Mayito Flaco», así como a una red de protección institucional en el estado fronterizo de Baja California.
La ofensiva del Departamento del Tesoro busca desmantelar los engranajes logísticos que permiten la circulación masiva de fentanilo hacia territorio estadounidense, al tiempo que expone el grado de infiltración del crimen organizado en las esferas de poder local en México.
Fuego cruzado contra la impunidad en Baja California
El alcance de las sanciones pone en evidencia cómo la delincuencia organizada ha permeado las estructuras de gobernanza en plazas estratégicas como Tijuana y Mexicali.
De acuerdo con el informe oficial de las autoridades estadounidenses, entre los señalados figuran operadores políticos y exfuncionarios de seguridad pública que habrían cobrado sobornos sistemáticos para blindar las operaciones ilícitas del cartel ante el accionar de la ley. Entre los implicados destacan colaboradores cercanos al entorno familiar de la gobernación estatal y mandos policiales locales.
Esta red de complicidad institucional permitía al cartel de Sinaloa mover toneladas de narcóticos y blanquear capitales sin enfrentar resistencia en los pasos fronterizos.
Recompensas millonarias por los jefes de plaza
Junto a la congelación de activos y restricciones financieras, la administración estadounidense reactivó la presión judicial sobre los principales cabecillas de la región.
El Programa de Recompensas contra el Narcotráfico del Departamento de Estado fijó una oferta de hasta 5 millones de dólares por información decisiva que conduzca a la captura de los hermanos Alfonso Arzate García («Aquiles») y René Arzate García («La Rana»), identificados como los hombres fuertes del cartel en Tijuana.
De igual forma, se mantiene una recompensa de 5 millones de dólares por Juan José Ponce Félix, alias «El Ruso», presunto jefe militar y operativo de la organización en Mexicali.
Una estrategia de asfixia integral
La medida responde a un enfoque integral para catalogar y combatir a los carteles de la droga no solo como grupos dedicados al tráfico de estupefacientes, sino como organizaciones delictivas transnacionales con impacto en la seguridad regional.
Con este movimiento, Washington busca cortar el flujo de recursos que alimenta la violencia en las comunidades fronterizas y enviar un mensaje directo a las redes de corrupción institucional que facilitan el negocio del narcotráfico en la región.
