La ausencia de criterios claros y el desconocimiento de las puntuaciones desatan el malestar entre los procuradores que compiten por 38 plazas directivas.

Lo que prometía ser un hito histórico para la carrera fiscal en República Dominicana hoy camina sobre terreno movedizo. Por primera vez, los ascensos para dirigir 38 dependencias del Ministerio Público se deciden mediante un concurso de expedientes, pero el proceso ya enfrenta serios cuestionamientos desde adentro.
Varios fiscales y procuradores participantes han levantado la voz ante lo que consideran una preocupante opacidad. La inconformidad no apunta únicamente a los fallos emitidos por la comisión evaluadora, sino al muro de silencio que rodea las calificaciones individuales.
Un proceso bajo la lupa de sus propios protagonistas
Para los aspirantes, competir sin conocer las reglas exactas del juego resulta frustrante. Según denuncian los afectados, no existe información accesible que detalle cómo fueron ponderados sus perfiles profesionales ni cuáles parámetros pesaron más en la balanza.
Esta falta de retroalimentación deja a los concursantes a ciegas respecto a su desempeño real. Quienes quedaron fuera de la contienda aseguran que tampoco recibieron explicaciones técnicas que justifiquen su exclusión, alimentando las dudas sobre la equidad del certamen interno.
El reclamo por cuentas claras
El malestar crece en los pasillos de la institución mientras los participantes exigen respuestas concretas. El pedido es sencillo: que se publiquen las puntuaciones obtenidas y se transparenten los métodos de evaluación aplicados a cada expediente.
Con 38 puestos clave en juego a nivel nacional, la legitimidad de los futuros titulares depende directamente de la confianza que genere esta selección. Por ahora, los fiscales aguardan por una aclaración oficial que devuelva la certidumbre a un proceso diseñado precisamente para fortalecer la institucionalidad.
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