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Miguel Surún Hernández y diversos gremios solicitan a la Procuraduría profundizar sobre los supuestos pagos millonarios para aprobar el proyecto de regulación de juegos de azar.
SANTO DOMINGO. El presidente de la Fundación Primero Justicia, Miguel Surún Hernández, solicitó este miércoles formalmente a la Procuraduría General de la República iniciar una investigación exhaustiva sobre la denuncia relacionada con un presunto movimiento de cuantiosas sumas de dinero para favorecer la aprobación en el Congreso Nacional del polémico proyecto de ley que busca regular e incentivar el sector de juegos de azar en la República Dominicana.
Advertencias frente a la sede legislativa
Durante una protesta realizada de manera pacífica frente a la sede del Congreso Nacional, el reconocido jurista y dirigente social advirtió de manera categórica que, de llegarse a comprobar que se realizaron pagos monetarios a legisladores para impulsar esta iniciativa, se configurarían graves hechos sancionables directamente por la legislación penal vigente en el país caribeño.
El dirigente sostuvo con firmeza que las autoridades del Ministerio Público tienen la obligación de determinar con precisión quirúrgica quiénes estarían detrás de estas supuestas operaciones y con qué propósitos específicos se estarían movilizando millonarios recursos económicos para lograr la rápida aprobación de la referida pieza legislativa.
Cuestionan legalización masiva de establecimientos
En el desarrollo de sus declaraciones, Surún Hernández afirmó con preocupación que el proyecto de ley en discusión podría facilitar la peligrosa regularización masiva de más de veinte mil bancas de apuestas que, según denunció públicamente, operan actualmente al total margen de las normas vigentes, incluyendo numerosos establecimientos comerciales situados peligrosamente en las inmediaciones de escuelas, universidades y templos religiosos.
Asimismo, el activista cuestionó que la propuesta normativa pueda terminar beneficiando de manera exclusiva a un reducido grupo de corporaciones concesionarias, alertando además sobre los devastadores efectos sociales que acarrearía una expansión descontrolada de los negocios de apuestas, con especial énfasis en la protección de los niños y adolescentes dominicanos.
Reclaman sanciones por incumplimiento normativo
Por su parte, Carmen Minaya, presidenta titular de la Asociación de Bancas de Santo Domingo Este, se sumó a los reclamos pidiendo tanto al Ministerio Público como al Ministerio de Hacienda fiscalizar drásticamente aquellos establecimientos que funcionan a menos de doscientos metros de centros educativos e instituciones públicas clave.
Minaya aseguró que ya han depositado múltiples expedientes y documentos probatorios ante los organismos competentes sobre locales que continúan operando pese a los flagrantes incumplimientos de las regulaciones establecidas. Los manifestantes exigieron finalmente que el Poder Legislativo convoque de urgencia a las autoridades reguladoras para que expliquen las medidas adoptadas ante estas graves denuncias. (Fuente externo)
