Cargos federales a político dominicano en Massachusetts

El representante estatal enfrenta un total de once cargos federales tras ser vinculado con el desvío millonario de fondos destinados a la pandemia.

Boston. La justicia federal de los Estados Unidos ha vuelto a poner bajo la lupa a la diáspora política dominicana tras el arresto y formulación de graves acusaciones contra el representante estatal de Massachusetts, Francisco Paulino, quien enfrenta un total de once cargos federales relacionados con el fraude masivo en programas de ayuda y lavado de activos.

Un desfalco millonario operado durante la crisis sanitaria

De acuerdo con la información ofrecida por la Fiscalía Federal y la oficina del Buró Federal de Investigaciones en Boston, el dirigente político habría utilizado fraudulentamente más de setecientos mil dólares provenientes de seguros de desempleo y préstamos especiales creados para socorrer a los pequeños negocios durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria global.

Documentación falsa y desvío de fondos hacia terceros

Las investigaciones señalan que el legislador estatal fabricó registros laborales utilizando a un familiar de avanzada edad que desconocía por completo la maniobra, logrando apropiarse de más de cuarenta y cuatro mil dólares, fondos que posteriormente fueron colocados en préstamos a terceros con altas tasas de interés y destinados parcialmente a financiar su propia campaña política.

Segundo escándalo de alto perfil en la comunidad bostoniana

Este sonado expediente se convierte en el segundo golpe judicial de gran magnitud que estalla en el estado de Massachusetts contra una figura política de origen dominicano, recordando el reciente arresto del alcalde de la ciudad de Lawrence, Brian A. DePeña, quien también enfrenta procesos legales por cargos de lavado de dinero en esa demarcación estadounidense. (Fuente externa)

+ posts

Ver también

China sentencia a muerte a los líderes de una masiva red de estafas telefónicas

La Justicia de China condenó a muerte a tres cabecillas de una red internacional de estafas telefónicas operada desde Birmania. El tribunal de Quanzhou impuso además cadena perpetua a otros tres implicados y penas de hasta 24 años de cárcel a 55 personas, en medio de una ofensiva contra el cibercrimen transfronterizo.