El Ministerio Público señala al abogado notario Teodoro Castillo, alias Adriano, de asesorar a los cabecillas de la organización criminal para ocultar bienes y evadir la justicia dominicana.

El rol clave en la estructura criminal
Entre los 22 detenidos durante los recientes operativos figura Teodoro Castillo, conocido como Adriano. Este actual abogado notario fungió en el pasado como juez del Distrito Judicial de La Altagracia.
Sin embargo, el Poder Judicial lo desvinculó de sus funciones tras comprobarse faltas graves en su desempeño. En aquel entonces, Castillo favoreció de manera irregular a seis ciudadanos extranjeros acusados de narcotráfico y lavado de activos.
Ahora, la solicitud de medida de coerción lo ubica nuevamente en el centro del escándalo judicial. Los fiscales aseguran que el exmagistrado aprovechaba su investidura como notario para asistir y colaborar directamente con la red.
Su tarea principal consistía en diseñar maniobras legales para ocultar a los verdaderos dueños de las propiedades ilícitas. De este modo, facilitaba que los líderes del grupo eludieran el rastreo de las autoridades.
Una red millonaria con nexos políticos
Las investigaciones apuntan a Fausto Candelario Ortiz, alias Pachá, como el líder absoluto de la Operación Rompeolas. El expediente le atribuye más de dos décadas de trayectoria en el crimen organizado, delegando funciones ejecutivas en su hermano Yovani Candelario Ortiz.
Esta estructura criminal recibía cargamentos de droga desde La Guajira, en Colombia. Posteriormente, movilizaban cerca de siete mil toneladas de cocaína al año hacia Puerto Rico, con destino final en Estados Unidos y Europa.
El Ministerio Público estima que este tráfico ilícito generaba ingresos aproximados de 140 millones de dólares anuales. Para blindar sus operaciones, la red presuntamente financiaba campañas políticas y mantenía vínculos con diputados, regidores y otros actores de poder.
De hecho, dentro del grupo de los 22 apresados también se encuentra Willy Manuel Zorrilla Domínguez, quien se desempeña como regidor del municipio de Higüey.
Despliegue y conocimiento de coerción
El desmantelamiento de esta red requirió un amplio despliegue ejecutado el pasado jueves por fiscales y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Las autoridades realizaron 65 allanamientos simultáneos en La Altagracia, El Seibo, Duarte, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.
Durante las intervenciones, los organismos de seguridad incautaron bienes y valores que superan los tres mil millones de pesos. Los 17 hombres y cinco mujeres detenidos permanecen distribuidos en dos destacamentos policiales de Higüey.
El Juzgado de Atención Permanente de La Altagracia conocerá este lunes a las dos de la tarde la solicitud de medida de coerción. El órgano acusador pide prisión preventiva para todos los implicados y que el caso sea declarado complejo.
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