La organización opositora exige auditorías especiales y una investigación penal tras señalar un gasto anual de RD$8,196 millones sin evaluación socioeconómica previa del SIUBEN.

SANTO DOMINGO.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) lanzó este miércoles una dura acusación contra la dirección del programa Supérate. La entidad política asegura que se incorporaron de forma unilateral a 700 mil nuevos beneficiarios sin cumplir con los filtros legales establecidos.
Según los datos ofrecidos por la organización, estas inclusiones irregulares representan un costo anual de RD$8,196 millones para el Estado dominicano. El desglose abarca a 300 mil hogares añadidos al subsidio Aliméntate y otros 400 mil al programa Bonogás.
El encargado de presentar la denuncia fue Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República y miembro de la dirección política de la FP. Durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, el dirigente responsabilizó directamente a la gestión actual de Supérate por manejar el padrón social al margen de la ley.
Exigen intervención de la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público
Ante la magnitud de las cifras, la Fuerza del Pueblo solicitó formalmente a la Cámara de Cuentas la realización de una auditoría especial. El objetivo es fiscalizar las incorporaciones, los desembolsos y los controles internos del programa gubernamental.
De igual manera, pidieron a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) abrir una investigación. El partido busca determinar si existen actuaciones con relevancia penal detrás de estas asignaciones.
Alburquerque estuvo respaldado por un equipo técnico con amplia experiencia en el área. Lo acompañaron Fernando Caamaño, secretario de Seguridad Social de la FP, junto a los exdirectores de la ADESS y del antiguo Programa Solidaridad, Van Elder Espinal y Fernando Reyes, además de Daniel Fernández.
Beneficiarios incluidos sin evaluación previa del SIUBEN
El punto más crítico de la denuncia radica en el procedimiento utilizado. Alburquerque explicó que se autorizó el ingreso de hogares que ni siquiera habían sido categorizados por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), disponiendo que su evaluación se hiciera después de entregar las ayudas.
«¡Pusieron la carreta delante de los bueyes! Primero incorporar, y después evaluar», sentenció el exvicepresidente. Recordó que, por mandato legal, el SIUBEN es el único organismo facultado para identificar y medir la pobreza en los hogares dominicanos antes de otorgar un subsidio.
El dirigente cuestionó quién dio la orden política para saltar este paso obligatorio. Exigió respuestas documentadas sobre cómo un funcionario puede operar al margen de las normativas vigentes sin consecuencias.
Cuestionamientos al manejo del Bono Navideño
La denuncia también apuntó hacia la resolución 071-2026, emitida el pasado 21 de octubre sobre el Bono Navideño. Según la FP, esta medida repite el mismo patrón al marginar nuevamente al SIUBEN de la identificación de los beneficiarios y la elaboración de las nóminas de pago.
Alburquerque detalló que entre 2020 y 2025 el Gobierno anunció bonos navideños por más de RD$19,000 millones. Si se suman los RD$4,000 millones proyectados en el Presupuesto General del Estado para 2027, el monto supera los RD$23,000 millones sin certificaciones claras de pobreza.
Rechazo al uso clientelar de los subsidios
Como antiguo coordinador del Gabinete de Política Social entre 2004 y 2012, Alburquerque aclaró que su partido respalda plenamente la asistencia a las familias vulnerables. Subrayó que fueron ellos quienes sentaron las bases del sistema de protección social durante los gobiernos de Leonel Fernández.
Sin embargo, advirtió que desde 2022 vienen alertando sobre el crecimiento descontrolado y poco transparente de los padrones. Para la Fuerza del Pueblo, estas prácticas buscan convertir la necesidad de la gente en una herramienta de manipulación electoral.
«Los subsidios deben servir para combatir la pobreza, no para comprar voluntades. Una cosa es proteger al pueblo y otra muy distinta es pretender comprar su voto con el dinero del propio pueblo», concluyó el dirigente opositor.
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