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A más de dos días del siniestro que devoró los barracones de Javid, los damnificados duermen en las calles y denuncian cobros excesivos por sus documentos mientras rechazan las medidas oficiales.
Un desalojo forzoso bajo el cielo abierto
La noche del pasado miércoles cambió para siempre la rutina en la parte alta de Barahona. Unvoraz incendio redujo a cenizas entre 57 y 60 humildes viviendas en los conocidos barracones de Javid, en el sector Palmarito. Hoy, la emergencia no ha terminado; apenas comienza.
Sin un techo donde resguardarse, decenas de familias pasan las noches a la intemperie. Algunos han encontrado refugio temporal en iglesias o casas de parientes, pero otros, como Sonia Batista Díaz y sus cinco hijos, han tenido que dormir debajo de bancas de apuestas o sentados en sillas. La situación de Sonia es límite: una de sus hijas acaba de dar a luz y no tienen siquiera un colchón para tirar al suelo.
Críticas a una ayuda que consideran insuficiente
La respuesta gubernamental no ha logrado calmar la angustia. Las autoridades propusieron cubrir tres meses de alquiler para los inquilinos y seis meses para los propietarios. Sin embargo, para los afectados, esto es apenas un parche temporal frente a un problema estructural.
Giselina Cuevas, una de las damnificadas, calificó la medida como tímida y advirtió que no la aceptarán. Muchos de los residentes carecen de empleos formales y temen quedar nuevamente en la calle cuando venza ese plazo. Además, el presidente de la junta de vecinos, Freddy Féliz, señaló una realidad práctica: en Barahona no hay disponibilidad inmediata para reubicar a 60 familias al mismo tiempo.
Mientras tanto, las fundas de comida cruda que llegan como donación resultan casi inútiles. «Perdimos las estufas, todo se nos quemó, ¿dónde las vamos a cocinar?», cuestiona Cuevas, exigiendo que se habiliten los Comedores Económicos del Estado o el liceo Federico Henríquez y Carvajal como refugios provisionales.
El costo burocrático de perderlo todo
A la tragedia material se suma una barrera institucional. Erika Rosario, madre de un menor, denunció que al acudir a la oficina de la Junta Electoral de Barahona para reponer su cédula quemada, le exigieron el pago de RD$1,200. Los residentes reclaman que el Estado no tenga contemplaciones con personas que literalmente se quedaron con la ropa que llevaban puesta.
A oscuras y con promesas incumplidas
El impacto del fuego también dejó sin servicio eléctrico a las pocas casas que lograron salvarse. Amaury Féliz, residente de la zona por dos décadas, denunció que llevan más de 61 horas a oscuras sin que técnicos de Edesur se presenten en el lugar. Los vecinos piden aprovechar la crisis para regularizar el precario cableado artesanal que existía en el sector.
Por su parte, María Esthel Molina recordó entre sus pocas pertenencias rescatadas que esta tragedia es el resultado de años de abandono. Hizo referencia al proyecto habitacional Villa Esperanza, iniciado hace más de seis años y aún inconcluso, el cual debió ser la solución definitiva para estas familias.
El dirigente comunitario Freddy Féliz ya solicitó una reunión urgente con la gobernadora provincial, Oneida Féliz, proponiendo el traslado inmediato de los afectados hacia la Villa Olímpica de Villa Central. Si no hay respuestas concretas en las próximas horas, las familias advierten que tomarán las calles para hacerse escuchar.
