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El Ministerio de la Mujer aclaró los alcances del nuevo proyecto legislativo, destacando que busca garantizar la protección integral y evitar que las presiones lleven al archivo de los casos de violencia.
La discusión sobre la protección a la mujer en la República Dominicana ha tomado un giro crucial. Con el objetivo de cerrar vacíos legales y erradicar la impunidad, el proyecto de Ley Mirabal establece una directriz procesal que está en el centro del debate público: la persecución penal continuará de oficio por parte del Ministerio Público, incluso si la víctima decide retirar la denuncia o desistir del proceso.
La aclaración fue emitida recientemente por el Ministerio de la Mujer mediante un comunicado oficial. Esta medida busca blindar los procesos judiciales frente a las presiones, amenazas o ciclos de violencia que a menudo obligan a las mujeres a retractarse, garantizando así que el Estado asuma la responsabilidad indelegable de investigar y sancionar las conductas de riesgo.
Claves y alcance de la normativa
El proyecto se fundamenta en los mandatos constitucionales de igualdad y no discriminación. Lejos de ser una ley punitiva aislada, la propuesta introduce cambios profundos en la respuesta institucional ante las agresiones de género y la protección de los sectores más vulnerables.
- Conductas de riesgo bajo la lupa: El artículo 10 tipifica de manera específica acciones previas que suelen escalar hacia tragedias, tales como el acoso, las amenazas, el control excesivo y la violencia desatada tras una separación de pareja.
- Protección a víctimas indirectas y menores: La normativa regula la asistencia legal gratuita, el acompañamiento a menores en estado de orfandad y los protocolos de sucesión o investigación en casos donde el agresor fallezca.
- Enfoque interseccional: Se establecen mecanismos particulares para proteger a mujeres en situaciones de vulnerabilidad económica o geográfica, incorporando además salvaguardas frente a uniones tempranas.
- Límites a justificaciones culturales: Se prohíbe de manera tajante el uso de costumbres, tradiciones o convicciones religiosas como coartada para justificar o atenuar actos de violencia.
Entre el debate y el Código Penal
Si bien la Ley Mirabal robustece el andamiaje preventivo y de asistencia social, las autoridades recordaron que la sanción y penalización específica de delitos graves, como el feminicidio, continúan estrictamente supeditadas a lo que dictamina el Código Penal vigente. Con este marco, el Estado busca equilibrar una respuesta judicial firme con un acompañamiento integral y efectivo para las mujeres dominicanas.
