El Viaducto.NET El Tren Informativo del Mundo
Una red de fraude matrimonial operada desde Massachusetts y liderada por una ciudadana estadounidense logró amasar una millonaria fortuna durante más de una década, utilizando cada dólar obtenido para adquirir propiedades en la República Dominicana.
Un negocio de seis millones de dólares
La Fiscalía del Distrito de Massachusetts desarticuló una compleja red de matrimonios fraudulentos que operó durante más de diez años en territorio estadounidense. Según las autoridades federales, el esquema criminal era dirigido por Jennifer González, una ciudadana estadounidense que cobraba tarifas de entre 38,000 y 40,000 dólares por cada enlace arreglado.
En el cálculo más conservador de la investigación, la conspiración generó ingresos estimados en seis millones de dólares. El objetivo principal de estas uniones era burlar las leyes migratorias del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para otorgar un estatus legal y la ciudadanía a ciudadanos extranjeros en situación irregular.
Inversiones inmobiliarias en la República Dominicana
Lo que más llamó la atención de los investigadores federales fue el destino del dinero ilícito. De acuerdo con las escuchas y conversaciones obtenidas durante el proceso judicial, González se jactaba de invertir cada excedente financiero en la adquisición de terrenos en suelo dominicano.
«Cada vez que me sobra un dólar, simplemente lo invierto en una propiedad nueva en mi país. Eso es lo que realmente hago», confesaba la cabecilla en una de las grabaciones reveladas por la fiscalía estadounidense.
La acusada aseguraba que buscaba dejar un patrimonio asegurado para el futuro de sus hijos, quienes vacacionaban frecuentemente en la nación caribeña. Además de liderar la organización, los registros indican que González contrajo un matrimonio falso para beneficiar a un extranjero.
Cómplices y antecedentes judiciales
El operativo fiscal también identificó a varios colaboradores que facilitaban las operaciones logísticas y financieras de la red. Entre los implicados figuran Amara Puig, quien se desempeñaba como secretaria del negocio ilícito, además de Erica Daniels, Charice Alejandro, Jessica Tavares y Jalen Hill, todos ciudadanos estadounidenses acusados de recibir pagos directos de los «clientes».
Asimismo, los expedientes judiciales revelan que la principal acusada cuenta con un historial delictivo previo en el estado de Massachusetts, el cual incluye cargos por agresión, fraude de identidad, robo y posesión de herramientas para cometer delitos.
