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El gobierno argentino puso sobre la mesa una estrategia de máxima presión para proteger los recursos del Atlántico Sur. Mediante una cadena nacional, el presidente Javier Milei detalló una serie de medidas drásticas orientadas a contrarrestar el avance de proyectos de explotación hidrocarburífera en las islas Malvinas, calificando la situación como un peligro claro y urgente para el país.
El mandatario advirtió que el Estado utilizará todas las herramientas diplomáticas, económicas y judiciales a su alcance contra aquellos actores, tanto estatales como privados, que vulneren los derechos soberanos de la nación.
Presión diplomática y castigo a petroleras
Como primer paso de la ofensiva, la Cancillería ya remitió cerca de 180 notas de advertencia dirigidas a gobiernos y corporaciones vinculadas con operaciones ilegales en el archipiélago.
En paralelo, el Ejecutivo acelerará los mecanismos punitivos de la Ley 26.659. Cualquier compañía que participe de manera directa o indirecta en proyectos inconsultos en la zona quedará inhabilitada de por vida para operar en suelo argentino.
Nueva infraestructura y defensa militar
La respuesta estatal no se limita al plano diplomático o legal. A través de un decreto de urgencia, la administración nacional reforzará el presupuesto del Ministerio de Defensa con una meta prioritaria: levantar una base naval integrada en Tierra del Fuego.
El objetivo del proyecto es consolidar un polo logístico de primer orden en el Atlántico Sur y modernizar de forma integral las redes de telecomunicaciones y control estratégico.
Una Ley de Defensa de la Soberanía en camino
Para blindar el marco normativo, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley con carácter urgente. La normativa contempla tres ejes fundamentales para reestructurar la seguridad nacional:
- Sanciones ampliadas: Modifica la legislación vigente para endurecer los castigos no solo contra las petroleras infractoras, sino también frente a todas las empresas proveedoras que colaboren con las operaciones.
- Consejo de Seguridad Nacional: Creación de un órgano transversal que unirá a las carteras de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía para coordinar acciones rápidas de respuesta.
- Facultades especiales: Dotar al Consejo de herramientas económicas y diplomáticas expeditivas para hacer frente a cualquier amenaza externa contra los intereses soberanos de Argentina.
