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El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el pastor Ángel Gabriel Capellán e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, tras destaparse un estremecedor caso de maltrato físico, psicológico y servicio forzado en perjuicio de varios menores de edad en el municipio de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
La instancia judicial fue presentada por Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), acompañada por las fiscales Ramona Santana y Fanny M. Garabitos Guerrero. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente fijó la audiencia de medida de coerción para este jueves, 3 de septiembre de 2026.
La fuga que destapó el horror
El caso salió a la luz gracias a la valiente fuga de un menor que logró escapar del lugar y acudió a un destacamento policial para relatar las crueles condiciones de vida a las que era sometido. Esta denuncia activó las alarmas de las autoridades, derivando en allanamientos simultáneos ejecutados entre el 29 y el 30 de agosto en los sectores La Pared y El Carril.
En los operativos, coordinados junto a la Policía Nacional y el Conani, las autoridades lograron rescatar a 13 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los cuatro meses y los 13 años. Todos presentaban evidentes signos de violencia física y se encontraban confinados en un inmueble operado bajo la fachada de la denominada Fundación Restaurando Vida: un muerto que revive, la cual operaba sin ningún tipo de autorización legal para funcionar como hogar de acogida.
Lesiones, quemaduras y trabajos forzados
Las evaluaciones forenses practicadas al menor que denunció el hecho confirmaron un panorama desolador: múltiples lesiones corporales, quemaduras de segundo grado en las manos, ausencia total de escolaridad y la imposición obligatoria de labores pesadas de construcción con madera.
Las pesquisas determinaron que Isaías Ramón Muñoz Rodríguez se sumó a las maniobras ilícitas al intentar ocultar evidencias y trasladar a varios de los menores a otra vivienda tras el arresto inicial del pastor. Durante las requisas, los fiscales incautaron armas blancas, documentos personales y efectos infantiles, mientras el país exige que caiga todo el peso de la ley sobre los implicados en este grave atentado contra la infancia. (Fuente externa)
