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Tres mujeres que completaron su formación policial recurrieron al Tribunal Constitucional tras ser desvinculadas por quedar embarazadas, cuestionando un reglamento que consideran discriminatorio y violatorio de sus derechos fundamentales.
Una prueba sorpresa al filo de la graduación
La ilusión de lucir el uniforme tras meses de riguroso entrenamiento se transformó en un proceso judicial inédito. Fernanda Ramón Sánchez, María Elizabeth Moreno y Wendy Carolina Moreno Amancio elevaron un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar lo que catalogan como una práctica expulsiva por parte de la Policía Nacional.
Tras culminar su preparación académica y las pasantías correspondientes, las aspirantes fueron convocadas bajo el argumento de recibir su indumentaria de graduación. Sin embargo, en lugar de celebrar el ascenso, fueron derivadas al hospital institucional para someterse a exámenes médicos y sonografías transvaginales que confirmaron su estado de gestación.
De acuerdo con la representación legal de las afectadas, encabezada por el abogado Eddy Paulino, al menos seis cadetes resultaron embarazadas en una promoción superior a mil aspirantes, siendo separadas de manera abrupta de las filas policiales sin las debidas garantías de defensa.
Las normativas bajo la lupa constitucional
El expediente legal presentado ante el TC apunta directamente contra varios articulados de la Ley 590-16 orgáica de la Policía Nacional, así como contra disposiciones del Reglamento Académico de la Escuela de Entrenamiento Policial.
Los cuestionamientos legales se centran en:
- Las facultades que permiten la cancelación o suspensión de nombramientos sin un protocolo de debido proceso.
- Los párrafos del régimen académico que sugieren explícitamente «procurar no quedar embarazada» durante la carrera.
- La falta de adaptación institucional para ofrecer funciones administrativas o alternativas laborales viables a las agentes en periodo de gestación.
Durante la audiencia pública, Fernanda Ramón Sánchez, quien actualmente tiene ocho meses de embarazo, señaló que se les notificó la imposibilidad de permanecer en la institución debido a la carencia de puestos operativos para mujeres gestantes en las labores de patrullaje callejero.
Voces que exigen justicia y equidad de género
El caso ha encendido el debate sobre los derechos laborales y reproductivos de las mujeres dentro de los cuerpos armados y de seguridad en el país. Los recurrentes sostienen que estas normativas internas vulneran principios constitucionales básicos al penalizar biológicamente el desarrollo personal de las agentes.
Mientras el Tribunal Constitucional delibera sobre la inconstitucionalidad de los artículos impugnados, organizaciones y sectores sociales siguen de cerca un fallo que sentará un precedente histórico sobre la igualdad de género y la protección a la maternidad en las instituciones del Estado.
