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Durante su participación en la Coalición de las Américas contra los Carteles, Eric Geressy denunció la utilización de fachadas legales y el uso de abogados costosos por parte del crimen organizado para burlar la justicia.
El peligro silencioso del lavado institucional
El combate contra el crimen organizado transnacional ha escalado a nuevos niveles de complejidad. Durante la más reciente reunión de la Coalición de las Américas contra los Carteles (AC3), celebrada en la República Dominicana, altos representantes internacionales pusieron sobre la mesa una preocupante realidad sobre las operaciones financieras de los carteles modernos.
Eric Geressy, asesor del Departamento de Guerra de Estados Unidos, alertó que las organizaciones criminales están utilizando estructuras supuestamente filantrópicas para legitimar capitales y erosionar los sistemas democráticos desde su interior.
Fachadas legales y doble moral jurídica
Durante su intervención, el funcionario estadounidense fue categórico al señalar los métodos de infiltración que utilizan estas redes delictivas en las estructuras sociales y legales de la región.
«Esos carteles asesinan jueces… luego contratan abogados costosos para reclamar inmunidad amparándose en los sistemas jurídicos que buscan destruir. Rechazamos por completo tal hipocresía», expresó Geressy ante los delegados presentes en el cónclave internacional.
La advertencia pone de relieve cómo el narcotráfico contemporáneo ya no solo depende de la violencia armada tradicional, sino que invierte sumas millonarias en blindajes corporativos y en el patrocinio de organizaciones no gubernamentales para desviar la atención y obtener impunidad.
El rol estratégico de la República Dominicana
La elección del país como sede de este encuentro internacional subraya el papel protagónico que desempeña la nación caribeña en la cooperación bilateral y multilateral para desarticular las finanzas oscuras de las mafias globales.
Las autoridades de seguridad coinciden en que frenar la penetración del dinero ilícito en el tejido social requiere de un esfuerzo conjunto, donde la transparencia institucional y el fortalecimiento de los marcos jurídicos se convierten en la principal línea de defensa para proteger la soberanía y la paz ciudadana.
