El Viaducto.NET El Tren Informativo del Mundo
El Defensor del Pueblo plantea que la seguridad ciudadana debe comenzar tras las rejas para evitar que los reclusos dirijan redes de extorsión y crimen organizado.
Las cárceles no pueden seguir funcionando como centros de mando para el crimen. Con este firme mensaje, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, planteó en Santiago de los Caballeros la necesidad urgente de integrar el control de los recintos penitenciarios dentro del plan nacional de seguridad ciudadana.
Durante la jornada “Código Penal para la Ciudadanía”, enmarcada en la Ruta por la Ciudadanía, Ulloa advirtió que la privación de libertad debe cortar de raíz la capacidad de un imputado para ordenar delitos o amenazar a la sociedad. Para el funcionario, la captura de un sospechoso pierde efectividad si este conserva las herramientas para delinquir desde su celda.
Un sistema bajo presión y sobrepoblado
El panorama penitenciario muestra debilidades estructurales alarmantes. Datos oficiales registran más de 25,000 personas privadas de libertad en el país, de las cuales un 65.5 % se encuentra en prisión preventiva sin una condena definitiva.
A esta sobrepoblación procesal se suma la falta de atención médica, pues estudios de la institución revelan que la mitad de los reclusos con padecimientos de salud no recibe el tratamiento adecuado. Ante esta realidad, Ulloa enfatizó que el Estado debe revisar los plazos de custodia y garantizar condiciones humanas dentro de los planteles.
Cuatro ejes para recuperar el control
Para transformar la gestión en los recintos, la Defensoría del Pueblo propone un plan enfocado en cuatro pilares concretos. Entre las medidas destacan la clasificación de reclusos según su nivel de riesgo y la interrupción total de las comunicaciones ilícitas hacia el exterior.
El plan también contempla la profesionalización de los agentes penitenciarios, la supervisión de la administración y el rastreo de redes financieras que financian la operatividad delictiva tras las rejas. Ulloa aseguró que dará un seguimiento público continuo a estas reformas para medir sus resultados en favor de la tranquilidad ciudadana.
