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Un tribunal de La Vega impone tres meses de prisión a un hombre tras hallársele 818 archivos de abuso sexual y explotación contra menores.
La lucha contra la ciberdelincuencia e impunidad en delitos contra la infancia se anotó una respuesta decisiva en la región norte del país. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega dispuso tres meses de prisión preventiva contra Jairo Federico Núñez Abreu, imputado por graves delitos de abuso sexual y pornografía infantil que habrían afectado a tres niñas de entre cinco y nueve años.
El dictamen judicial ordena que el procesado cumpla la medida cautelar en la cárcel pública de la ciudad cibaeña mientras las autoridades concluyen las indagatorias correspondientes.
Un rastreo digital que destapó el caso
El origen del proceso judicial radica en las alertas internacionales recibidas por la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec). Tras detectar patrones sospechosos vinculados al almacenamiento masivo de material explícito, los peritos forenses tracearon la actividad digital hasta dar con las cuentas y terminales administrados por el imputado.
Las inspecciones técnicas confirmaron un hallazgo escalofriante: un total de 818 ficheros multimedia con contenidos de violencia y explotación sexual en perjuicio de menores de edad.
Allanamiento y evidencias recopiladas
Durante una orden de registro ejecutada en el domicilio de Núñez Abreu, los fiscales y agentes actuantes incautaron múltiples teléfonos celulares, discos compactos y unidades de almacenamiento informático que sirvieron como elementos de prueba clave para sustentar la solicitud de la medida privativa de libertad.
De acuerdo con las evidencias contenidas en la acusación, el imputado valía de ofertas de dinero para coaccionar a las menores y perpetrar los actos tipificados.
El expediente está fundamentado bajo el trabajo conjunto de la Pedatec y la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de La Vega, amparado en violaciones al Código Penal, la Ley 136-03 sobre Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
