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Una investigación revela que el programa de asistencia estatal en combustibles, nacido en 2021 por la pandemia, se convirtió en una asignación fija superior a los 9,000 millones de pesos, beneficiando de forma directa a poderosas federaciones y a legisladores en activo.
El origen de una ayuda que se volvió permanente
Cuando la crisis sanitaria de la COVID-19 comenzó a ceder a mediados de 2021, los mercados petroleros internacionales experimentaron un repunte inflacionario. Como respuesta temporal, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) firmaron un convenio inicial para auxiliar con gasoil a 14 federaciones del transporte durante cinco meses.
Sin embargo, lo que se ideó como un alivio económico transitorio mutó con los años. A través de al menos ocho adendas consecutivas, los topes mensuales pasaron de 61 millones de pesos a superar los 250 millones, comprometiendo más de 9,000 millones de pesos del erario público sin que mediaran auditorías públicas, evaluaciones de impacto o explicaciones técnicas que justificaran su permanencia indefinida.
Quiénes controlan la mayor porción del pastel
La distribución de los recursos dista de ser equitativa y ha mostrado asimetrías profundas con el paso del tiempo. Desde el inicio, la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) y la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano) han acaparado más del 70% de los fondos asignados.
El punto de mayor fricción radica en un evidente conflicto de intereses: las dos federaciones más beneficiadas, Conatra y Fenatrado, están presididas por figuras de la política nacional y legisladores oficialistas del Partido Revolucionario Moderno (PRM): Antonio Marte y Ricardo de los Santos, este último presidente del Senado de la República. A pesar de los cambios de gestión en el Intrant y las fluctuaciones globales del crudo, las proporciones y los incrementos se han mantenido blindados sin criterios documentados sobre flotas o choferes reales.
De fondos externos a recursos ordinarios del Estado
Otro de los aspectos más llamativos que arroja la revisión de los documentos oficiales es la transformación en la ruta financiera del programa. Mientras el convenio original de 2021 se sustentaba bajo el código de apoyo presupuestario por recursos externos —vinculado habitualmente a préstamos o cooperación internacional—, a partir de marzo de 2022 el mecanismo migró por completo al Fondo General del presupuesto ordinario.
Esto significa que cada peso destinado a estos topes mensuales proviene directamente de la recaudación de impuestos de los ciudadanos comunes. A la fecha, ninguna de las instituciones involucradas ha ofrecido transparencia sobre las fórmulas aplicadas ni sobre las razones por las cuales un subsidio de emergencia se institucionalizó de manera permanente en el gasto público dominicano.
