Un tribunal de Santo Domingo Este impuso tres meses de coerción a dos de las acusadas de traficar con adolescentes hacia Tórtola y Dominica usando pasaportes falsos y suplantación de identidad.

Una red de trata desarticulada en el AILA
Las autoridades judiciales de la República Dominicana dieron un golpe significativo contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra dos mujeres señaladas de formar parte de una red dedicada a sacar ilegalmente a adolescentes del país mediante el uso de documentos falsificados.
El caso salió a la luz pública el pasado 8 de octubre, cuando una de las imputadas, identificada como Adolfina Paula Pimentel, se presentó en los controles migratorios del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). Intentaba abordar un vuelo con destino a la isla de Tórtola —con escala posterior hacia Dominica— acompañada por dos menores de 14 y 16 años.
Pasaportes falsos y suplantación de identidad
Durante la inspección de rutina, los inspectores migratorios notaron irregularidades en uno de los permisos de salida presentados. Al profundizar en la entrevista, las autoridades descubrieron que las adolescentes solo se comunicaban en creole, a pesar de que los pasaportes presentados indicaban que eran de nacionalidad dominicana y habían sido emitidos recientemente.
La investigación del Ministerio Público reveló que los documentos de viaje fueron expedidos utilizando registros de nacimiento correspondientes a hijas de residentes en Villa Mella. Incluso, una tercera implicada, Yaribel Cristina Esquea, admitió haber aceptado dinero a cambio de facilitar las identidades de sus propias hijas para consumar la suplantación. Junto a ella, Cristian del Carmen Rosario Rodríguez también es señalada por financiar y coordinar el traslado ilícito de las menores.
Medidas judiciales y clasificación del caso
Ante la gravedad de los hechos, el tribunal dictó prisión preventiva para Adolfina Paula Pimentel y Cristian del Carmen Rosario Rodríguez, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
Por su parte, a Yaribel Cristina Esquea se le impuso una garantía económica de 50,000 pesos a través de una compañía aseguradora, además de presentación periódica ante las autoridades. El tribunal declaró oficialmente el proceso como un caso de tramitación compleja, mientras las víctimas permanecen bajo el cuidado y protección del Estado.
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