EE. UU. va tras el «turismo de nacimiento»: la embajadora en dominicana advierte graves sanciones a implicados

La legación diplomática estadounidense avisa que revocará visados y perseguirá a redes, intermediarios y médicos que faciliten el parto en su territorio para obtener la ciudadanía.

La diplomacia estadounidense en el país ha decidido subir el tono. La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, lanzó un firme aviso contra el uso irregular de los visados de paseo para dar a luz en territorio norteamericano, una práctica conocida formalmente como «turismo de nacimiento».

En una declaración oficial, la legación dejó claro que la ciudadanía estadounidense no es un bien comerciable y que la administración actual apretará las tuercas a quienes intenten burlar el sistema.

Consecuencias directas para viajeros y facilitadores

El aviso no va dirigido únicamente a las familias o madres que viajan con la intención oculta de dar a luz en suelo estadounidense. La embajada precisó que la lupa está puesta sobre todo el engranaje que financia y sostiene esta actividad.

  • Sanciones a intermediarios: Organizadores, agencias de viaje e instructores que promuevan estos paquetes enfrentarán procesos legales.
  • Redes médicas bajo la mira: Los proveedores de salud y centros médicos que colaboren deliberadamente con estas estructuras también sufrirán consecuencias jurídicas.
  • Cancelación de visados: Quienes mientan en la entrevista consular o utilicen la visa de turista para fines distintos a los autorizados se exponen a la pérdida inmediata de su estatus legal y la inhabilitación para entrar a EE. UU.

Transparencia y honestidad en el proceso consular

A través de sus canales institucionales, la representación diplomática reiteró el llamado a los solicitantes a mantener la honestidad absoluta al momento de tramitar un visado o ingresar a territorio estadounidense.

Las autoridades recordaron que omitir información o desviar el propósito real de un viaje constituye un fraude migratorio directo que anula cualquier posibilidad de regularización futura. Con esta medida, Washington reafirma su política de blindaje de las leyes migratorias vigentes y la protección del acceso legal a sus fronteras.

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