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La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) alzó su voz este viernes para denunciar que más de 110,000 docentes que completaron la primera etapa de la Evaluación de Desempeño Docente siguen a la espera de sus incentivos salariales, generando un clima de profunda incertidumbre en el sector educativo nacional.
Una espera insostenible para el magisterio
El gremio magisterial expresó su preocupación ante la falta de respuestas oficiales tras el cierre de los procesos de evaluación. Según los datos ofrecidos por la organización sindical, miles de educadores experimentan retrasos significativos tanto en el reconocimiento económico como en la tramitación de expedientes clave.
El sindicato detalló que al menos 5,000 maestros continúan sin percibir sus salarios retroactivos correspondientes a un año de labor. Asimismo, la organización criticó que, a tres meses de haber finalizado los exámenes, un sector importante del profesorado aún no conoce sus calificaciones oficiales.
Plazos vencidos y falta de respuestas
La situación se agrava ante el incumplimiento de los tiempos establecidos en la normativa vigente. De acuerdo con el reclamo institucional, un total de 3,226 docentes solicitaron formalmente la revisión de sus calificaciones el pasado mes de julio.
A pesar de que la orden departamental 18-25 fija un plazo límite de 45 días para dar respuesta a estas peticiones, los expedientes siguen sin resolución tres meses después, vulnerando los procedimientos reglamentarios y mermando la confianza del profesorado en los compromisos asumidos por el Ministerio de Educación.
Impacto salarial y exigencia gremial
Los incentivos reclamados por los educadores públicos oscilan entre un 7% y un 32%, calculados tomando como referencia el salario base establecido en RD$55,998, de acuerdo con los resultados obtenidos en las evaluaciones.
Ante este panorama de malestar, la directiva de la ADP exigió a las autoridades educativas que establezcan de manera inmediata un cronograma definitivo para el desembolso de los incentivos y agilicen la tramitación de los casos pendientes en favor de la estabilidad laboral del magisterio.
