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Tras ser repatriado desde Jamaica, Jhovanny de Jesús Metz Cruz negó haber asesinado al conductor de un camión recolector de basura, aseguró que su salida del país fue para proteger su vida y denunció una supuesta persecución policial y fabricación de expedientes contra su familia.
Un caso que conmociona a Santiago
La tensión judicial en la Ciudad Corazón no cede. Jhovanny de Jesús Metz Cruz, conocido en el expediente como «Macho», rompió el silencio tras su llegada a la República Dominicana. El principal sospechoso de la trágica muerte del conductor de un camión recolector de basura, Deivy Carlos Abreu Quezada, fue extraditado la noche del pasado martes desde Jamaica, donde permanecía refugiado.
En medio del proceso que se le sigue, el imputado concedió una entrevista a su defensa legal, la cual fue difundida públicamente para fijar su postura ante las graves acusaciones que pesan en su contra y que ya mantienen a otras siete personas bajo prisión preventiva.
«Temía por mi vida»: La versión del imputado
Durante las declaraciones ofrecidas desde el Palacio de Justicia de Santiago, Metz Cruz rechazó rotundamente haber participado en el homicidio de Abreu Quezada y afirmó que ni siquiera conocía a la víctima.
El detenido explicó que su decisión de abandonar el territorio nacional no respondió a un intento de fuga para evadir la justicia, sino a una medida desesperada de supervivencia. Según su testimonio, agentes de la Policía Nacional irrumpieron de manera violenta en la residencia familiar sin una orden judicial, amedrentando a su padre y arrestando a su hermano en un proceso que calificó como arbitrario.
Asimismo, el acusado cuestionó la veracidad de las pruebas fotográficas difundidas por los cuerpos de seguridad, alegando que las imágenes fueron manipuladas para inculparlo. Apuntó directamente contra antiguos socios dedicados a actividades de préstamos informales, a quienes señala de orquestar el montaje y presentar a un allegado como testigo clave en el proceso.
Lo que viene en el proceso judicial
Para este viernes está pautada la audiencia donde el tribunal conocerá la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, organismo que exige 12 meses de prisión preventiva.
El crimen, caracterizado por una brutal persecución a golpes y con armas blanca que culminó trágicamente en el parqueo del propio Palacio de Justicia de Santiago, continúa sumando eslabones mientras la justicia define la responsabilidad de los implicados.
