
La privacidad digital vuelve a poner en jaque a los gigantes tecnológicos en Europa. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) ha asestado un duro golpe financiero a Google al imponerle una multa de 403 millones de euros (aproximadamente 462 millones de dólares). La sanción responde al procesamiento ilegal de los datos de localización de sus usuarios entre mayo de 2018 y febrero de 2020.
Un rastreo que violó la normativa europea
La investigación, abierta a principios de 2020 tras diversas denuncias de organizaciones de consumidores en el viejo continente, reveló que la compañía infringió de forma sistemática varios artículos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Las irregularidades se detectaron principalmente en tres herramientas clave de la plataforma: «Actividad web y de aplicaciones», «Historial de ubicaciones» y la función de «Precisión de la ubicación».
Peligros del almacenamiento excesivo de datos
Desde la DPC remarcaron la gravedad de este tipo de prácticas. Graham Doyle, subdirector del organismo regulador, explicó que los datos de localización, aunque mejoran la experiencia de uso en línea, pueden exponer aspectos profundamente íntimos de la vida cotidiana. Doyle subrayó además que la empresa estadounidense conservó esta información sensible durante un período de tiempo superior al estrictamente necesario.
Seis meses para corregir el rumbo
Tras la notificación del fallo, Google cuenta ahora con un plazo de seis meses para reestructurar sus procesos y adaptar el tratamiento de los datos personales de sus usuarios a las exigencias regulatorias europeas. Un nuevo aviso que demuestra que la supervisión sobre el uso de la información privada es cada vez más estricta.
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